Las primeras semanas del nuevo modelo de salud para los maestros en Colombia han estado marcadas por demoras, largas filas y quejas por la falta de atención. Este cambio, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, podría ser un ensayo para las futuras reformas del sistema de salud a nivel nacional.
Desde el 1 de mayo, el modelo de salud para los maestros del país ha sufrido cambios significativos. Bajo el nuevo esquema, se eliminó la intermediación de los operadores regionales y se delegaron sus funciones directamente a la Fiduprevisora, una entidad sin experiencia previa en la gestión de redes de servicios de salud. Este cambio busca otorgar a los maestros y sus beneficiarios la libertad de elegir sus Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), pero ha enfrentado numerosos desafíos en su implementación inicial.
Históricamente, desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, los maestros han estado bajo un régimen especial de salud, distinto al subsidiado y contributivo. La afiliación y gestión de sus servicios de salud eran manejadas por operadores regionales a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la Fiduprevisora. Estos operadores contrataban a las IPS y realizaban auditorías para garantizar el cumplimiento y la eficiencia de los servicios prestados.
Con la reforma de Petro, la Fiduprevisora ahora asume directamente la responsabilidad de celebrar contratos con las IPS y llevar a cabo las auditorías correspondientes. Sin embargo, esta transición no ha sido fácil. La falta de experiencia y personal calificado ha generado barreras de acceso a los servicios de salud, resultando en largas filas y demoras en la atención. La situación ha provocado protestas por parte de sindicatos de maestros en Bogotá y críticas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
El experto en economía de la salud, Paúl Rodríguez, advierte sobre las implicaciones de estos cambios. «La transición son las reglas para hacer cambios paulatinos y crear capacidades», señala, subrayando la importancia de una implementación gradual y bien planificada para evitar problemas críticos en la atención sanitaria.
El modelo aplicado a los maestros podría ser un indicio de lo que podría suceder a nivel nacional si se implementan reformas similares en el sistema de salud general, que atiende a 50 millones de personas. Christian Rivera, especialista en seguridad social, destaca que una mala planificación y ejecución de la transición podría resultar en un incremento insostenible de costos. Ante este panorama, Rodríguez sugiere que la Fiduprevisora debería considerar subcontratar la nómina de los operadores que anteriormente manejaban las contrataciones y auditorías para minimizar los problemas durante la transición. Los próximos meses serán cruciales para evaluar el éxito de esta reforma y su posible expansión a nivel nacional.
