Once familiares de víctimas de los llamados «falsos positivos» en Colombia, junto con tres organizaciones de derechos humanos, han interpuesto una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe ante la justicia de Argentina. El objetivo es que el exmandatario responda por su presunta implicación en estos crímenes bajo el principio de jurisdicción universal, el cual permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar graves crímenes, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del autor, si los países donde se cometen los delitos no realizan las investigaciones correspondientes.
En la denuncia presentada, se acusa a Uribe de liderar la estructura estatal involucrada en crímenes de guerra y lesa humanidad, argumentando que como presidente de Colombia, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y habría permitido, autorizado e incluso ordenado estos graves crímenes.
Los familiares de las víctimas, acompañados por representantes de la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, viajaron a Buenos Aires para presentar la denuncia ante la justicia argentina.
El abogado argentino Máximo Castex, asesor de la querella, señaló que esta denuncia abre la posibilidad de que por primera vez un expresidente colombiano sea investigado por presuntos crímenes internacionales.
Uribe ha negado las acusaciones en diferentes ocasiones, sosteniendo que si bien exigía resultados en la lucha contra la criminalidad, no promovía ni toleraba delitos. Mencionó haber tomado medidas al retirar altos mandos militares ante denuncias de violaciones administrativas que podrían haber facilitado los «falsos positivos».
La denuncia presentada en Argentina resume la política de seguridad democrática de Uribe y argumenta que éste habría permitido, autorizado e incluso ordenado la comisión de los crímenes, a pesar de las denuncias existentes.
Esta denuncia representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de los «falsos positivos» en Colombia y plantea la posibilidad de un proceso legal que involucra al expresidente en un escenario internacional.