Los recientes hechos de violencia registrados en el sur del Tolima preocupan al órgano constitucional y se recuerda que este municipio cuenta con la Alerta Temprana 016 de 2022, en la que se advertían riesgos por disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales.
La grave situación de orden público en Ataco, sur del Tolima, encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que lanzó un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para priorizar las investigaciones por los homicidios de una adolescente de 16 años y un adulto. A estos hechos se suman las denuncias de familiares y habitantes sobre el presunto secuestro de cinco personas, cuyo paradero aún debe ser establecido.
La preocupación aumenta ante las versiones que relacionan los recientes hechos de violencia con posibles disputas por el control territorial. Sin embargo, las circunstancias y los responsables de los homicidios aún deben ser esclarecidos por las autoridades.
La Defensoría recordó que Ataco se encuentra bajo la Alerta Temprana 016 de 2022, en la que ya se habían advertido riesgos para la población civil por las disputas territoriales entre las disidencias del denominado Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.
El organismo también recordó que en septiembre de 2026 había advertido sobre los riesgos asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, particularmente en Ataco, y el fortalecimiento de economías ilegales y estructuras armadas.
Frente a este panorama, la entidad informó que participó en los consejos de seguridad convocados por las autoridades territoriales los días 25 y 26 de octubre y remitió una comunicación preventiva solicitando medidas urgentes de protección para las comunidades.
La principal exigencia está dirigida a la Fiscalía para que adelante con prioridad las investigaciones por los dos homicidios, verifique las denuncias sobre las cinco personas presuntamente secuestradas y establezca su paradero y condiciones de seguridad.
Asimismo, pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer la protección de familiares, testigos y habitantes que puedan estar en riesgo, además de brindar acompañamiento psicosocial a las personas afectadas.
