La Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi expresó su preocupación por las actuaciones que adelanta la Superintendencia de Transporte en las instalaciones de Velotax, al considerar que algunos requerimientos podrían desconocer principios legales y afectar a una de las empresas más representativas del transporte formal en el Tolima.
Asoproctax a través de un comunicado firmado por su presidente Hugo Ospina, manifestó su respaldo a Velotax y cuestionó que durante las actuaciones administrativas se estén solicitando documentos e información que, según afirman, ya reposan en bases de datos de entidades públicas.
De acuerdo con la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, esta situación podría contravenir lo establecido en el artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012, que prohíbe a las autoridades exigir a los particulares documentos que ya se encuentren en poder de otra entidad estatal.
El gremio reconoció la importancia de las labores de inspección, vigilancia y control por parte del Estado, pero insistió en que estas deben desarrollarse respetando el debido proceso, la seguridad jurídica y los derechos de las empresas legalmente constituidas.
Asimismo, la asociación señaló que existe una aparente desigualdad en las acciones de control, al considerar que las empresas habilitadas enfrentan constantes requerimientos mientras que plataformas tecnológicas y multinacionales que, según el sector transportador, operan por fuera de las reglas del transporte público continúan ampliando su presencia en el mercado.
El abogado Jorge Ignacio Ortiz, representante de un grupo de propietarios, conductores y trabajadores de Velotax, cuestionó duramente las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Transporte frente a la empresa, calificándolas como contrarias a la Constitución, la ley y los estatutos de la cooperativa.
“La actuación de la Supertransporte es arbitraria y vulnera derechos fundamentales”, expresó el abogado.
Ortiz en diálogo con La Voz del Pueblo sostuvo que la decisión adoptada por el ente de control desconoce principios constitucionales y afecta derechos fundamentales relacionados con la propiedad colectiva, la libertad de empresa y el derecho de asociación.
El jurista también defendió la gestión de los directivos Diego Amaya y Edwin Adán Castro Guzmán, afirmando que ninguno de ellos ha incumplido órdenes de la Superintendencia ni ha violado la ley o los estatutos de la cooperativa.
Finalmente, insistió en que la salida a la crisis debe construirse mediante una asamblea convocada bajo las reglas establecidas por la ley cooperativa y los estatutos de Velotax, garantizando la participación de los asociados y el respeto por la institucionalidad de la organización.
