El defensor de la familia señaló que el Juez de segunda instancia, avaló su solicitud, ante lo que llamó inconsistencias en la solicitud inicial de la Fiscalía y confirmó que el proceso avanza en etapa de recolección de pruebas.
La Voz del Pueblo habló con Alberto Barrios, el abogado de la familia de la víctima del deportista y cobrador Carlos Andrés Perdomo, quien fue asesinado en la Plaza de La 21 en marzo pasado, donde fue capturado el presunto homicida, el carnicero Paulo Andrés Osorio Uribe.
El defensor señaló que fue trasladado a la cárcel de El Espinal, luego de solicitar un cambio de domicilio desde Ibagué.
Explicó el jurista, esta situación plantea dudas sobre la verificación del arraigo al momento de otorgar medidas como la detención domiciliaria, indicando que el cambio de residencia evidenciaría una falta de estabilidad en este aspecto.
El abogado también cuestionó la solicitud realizada por la Fiscalía en la etapa inicial del proceso, en la que se pidió detención domiciliaria para un caso de homicidio agravado, y que este tipo de decisiones no son comunes en este tipo de delitos y que no se presentaron argumentos suficientes para sustentar dicha petición.
“Para mí fue una sorpresa enorme cuando escuché al fiscal de la URI solicitando una detención domiciliaria para un homicidio agravado. Yo estuve en la URI muchos años y cosas como estas no se ven. No sé si es inexperiencia, si es mala preparación de algunos funcionarios en la Fiscalía, porque la razón, ni argumentación buena se vio en un caso de estos”, precisó el abogado.
Cuestionó Barrios: “Entonces no se entiende como la misma entidad que tiene que accionar y perseguir el delito pues solicita una clase de comportamiento de estos”.
De acuerdo con la defensa de la víctima, este tipo de actuaciones pueden afectar la percepción sobre la administración de justicia, especialmente en casos donde se conceden beneficios a personas investigadas por delitos graves.
En cuanto al avance del proceso, indicó que se adelanta la recolección de pruebas tanto por parte de la Fiscalía como de la representación de víctimas, que cuenta con un investigador privado. Entre las actividades se incluyen entrevistas y labores de vecindario.
El abogado precisó que el proceso se encuentra dentro del plazo legal para la presentación del escrito de acusación, el cual debe radicarse en un término de 60 días, de los cuales ya ha transcurrido la mitad.
Asimismo, explicó que el implicado podría acogerse a beneficios judiciales mediante la aceptación de cargos, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.
Por último, reiteró que el caso corresponde a un homicidio agravado, con circunstancias como indefensión, alevosía y el uso de arma cortopunzante, lo que implica una pena que parte desde más de 33 años de prisión, cuya tasación quedará en manos del juez, además, que podría llegar a un preacuerdo.
