El secretario de Educación, Andrés Bedoya, confirmó que durante el primer semestre de 2026 se brindó el acompañamiento económico.
El transporte escolar en el Tolima atraviesa uno de sus momentos más complejos. Así lo reconoció el secretario de Educación departamental, Andrés Bedoya, quien advirtió en La Voz del Pueblo que actualmente existen serias dificultades para garantizar el traslado de miles de estudiantes, especialmente en las zonas rurales.
Según el funcionario, el principal problema es la falta de recursos suficientes para cubrir la totalidad del servicio para lo que será el semestre B. Aunque el transporte escolar es una responsabilidad del Estado, en la práctica los padres de familia están teniendo que aportar dinero para asegurar que sus hijos puedan llegar a las instituciones educativas.
“Hay una limitación de recursos que no permite que ni los municipios ni la Gobernación cubran completamente el servicio, por lo que se requiere el apoyo de los padres”, explicó Bedoya.
A este panorama se suma un obstáculo adicional de la Ley de Garantías. Durante el primer semestre de 2026, esta normativa ha impedido la firma de convenios entre la Gobernación y los municipios, bloqueando el giro de recursos necesarios para contratar el transporte escolar.
Esta situación ha generado un vacío en la prestación del servicio, afectando directamente la asistencia de los estudiantes y poniendo en riesgo la continuidad educativa en varias regiones del departamento.
Frente a este escenario, la Secretaría de Educación anunció que la estrategia será concentrar
Actualmente, las únicas que tienen intermitencias en los municipios son:
Chaparral
Icononzo
Coyaima
Casabianca
Rioblanco
Planadas
Ortega
los esfuerzos en el segundo semestre del año, una vez se levanten las restricciones legales tras la segunda vuelta presidencial.
“Vamos a financiar el semestre B de 2026. Una vez se levante la ley de garantías, celebraremos los convenios con los municipios para garantizar el transporte”, afirmó el secretario.
Algunos municipios ya tienen recursos asegurados. Es el caso de Ortega, donde se asignaron 700 millones de pesos para contratar el servicio en la segunda mitad del año.
Sin embargo, la preocupación persiste entre las comunidades educativas, que advierten que mientras llegan las soluciones, son los estudiantes y sus familias quienes siguen asumiendo las consecuencias de un sistema que no logra responder a tiempo.
