El abogado abrió el debate en el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, dijo que uno de sus integrantes supera los 70 años; además, cuestionó el pago de más de $40 millones en viáticos y el uso de vehículo oficial.
Una nueva tormenta sacude a la Universidad del Tolima tras las explosivas declaraciones del abogado Wilson Leal en La Voz del Pueblo, donde cuestionó duramente la permanencia de un integrante del Consejo Superior universitario que, según afirmó, debió retirarse hace casi una década por cumplir la edad de retiro forzoso.
Leal reaccionó a una entrevista concedida a este medio por Fernando Misas Arango, miembro del Consejo Superior, quien sostuvo que la norma de retiro obligatorio no le aplicaría debido a que no ocupa un empleo público.
Frente a ello, el abogado aseguró que esa interpretación “carece de sustento jurídico” y advirtió que los integrantes del Consejo sí ejercen funciones públicas al aprobar presupuestos, definir estructuras administrativas y participar en la elección del rector de una universidad estatal.
“Según él no ejercen funciones públicas, sino privadas, entonces pueden permanecer en el Consejo pese a tener la lápida pegada al culo”, expresó Leal en una declaración que rápidamente encendió la controversia política y académica en el Tolima.
El profesional del derecho citó jurisprudencia del Consejo de Estado y explicó que la edad máxima para ejercer funciones públicas es de 70 años, incluyendo a particulares que desempeñen este tipo de funciones.
Además, aseguró que la discusión ya escaló a instancias nacionales luego de que el presidente de la República trasladara el caso a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en su calidad de presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, dejando en manos del organismo la decisión definitiva sobre la continuidad del directivo.
Leal también anunció que promoverá denuncias disciplinarias y eventualmente penales contra los miembros del Consejo Superior que permitan la permanencia del funcionario sin aplicar la norma de retiro forzoso.
En medio de sus declaraciones, el abogado lanzó nuevos cuestionamientos relacionados con presuntos beneficios económicos y logísticos que recibiría el integrante del Consejo, pese a afirmar que no ejerce función pública.
“¿Por qué se le pagan viáticos? ¿Por qué tiene vehículo y conductor de la universidad? Solo en los últimos tres años los viáticos superarían los 40 millones de pesos”, cuestionó.
