El caso tomó un nuevo giro luego de que se advirtiera sobre posibles consecuencias disciplinarias y jurídicas para ocho concejales que participaron en las actuaciones relacionadas con la suspensión de la sesión.
Una nueva polémica rodea el proyecto de acuerdo mediante el cual la alcaldesa de El Líbano, Beatriz Valencia, busca autorización del Concejo Municipal para contratar un empréstito por $5.000 millones destinado a la ejecución de obras viales en la localidad.
La controversia surgió luego de que se conociera que el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó que no existió una medida cautelar urgente dentro de una acción popular preventiva relacionada con la iniciativa, como se había afirmado en algunos sectores políticos del municipio.
La situación ha generado cuestionamientos sobre la suspensión de la sesión plenaria del pasado 28 de mayo, en la que estaba previsto adelantar el segundo debate del proyecto de acuerdo. Según la información divulgada, la plenaria no pudo realizarse debido a circunstancias excepcionales que obligaron a dos integrantes de la mesa directiva del Concejo a recibir atención médica en el servicio de urgencias del hospital local.
El caso tomó un nuevo giro luego de que se advirtiera sobre posibles consecuencias disciplinarias y jurídicas para ocho concejales que participaron en las actuaciones relacionadas con la suspensión de la sesión. Entre los nombres mencionados se encuentran Jeisson Jair Guzmán Negro, Danna Yuli Anny Castro Orozco, Evelio Casas Rendón, Luis Carlos Cadena Calderón, Jorge Orjuela, Robinson Fabián Castiblanco Valencia, Camilo Pacheco Molano y Jorge William Martínez Galindo.
De acuerdo con las denuncias conocidas públicamente, la eventual pérdida de investidura y otras acciones legales estarían relacionadas con presuntas irregularidades en el trámite del proyecto y en las decisiones adoptadas durante la jornada del 28 de mayo. Sin embargo, cualquier determinación sobre responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes y a los organismos de control.
La discusión ahora se traslada nuevamente al Concejo Municipal, donde deberá definirse el futuro de uno de los proyectos más polémicos impulsados por la administración de la alcaldesa Beatriz Valencia en lo corrido de su mandato.
