Según el secretario Alexander Castro, las medidas afectan gravemente a las economías populares, especialmente en Melgar, Carmen de Apicalá y Flandes, donde miles de familias dependen de la actividad turística.
Una fuerte preocupación expresó la Gobernación del Tolima frente a las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud que establecen nuevos requerimientos para el funcionamiento de piscinas en el país. Según el secretario de Cultura y Turismo, Alexander Castro, las medidas representan una grave amenaza para miles de pequeños empresarios que dependen de la actividad turística en el departamento.
El funcionario aseguró que los propietarios de piscinas deberán cumplir más de 50 exigencias técnicas que implican inversiones entre 25 y 30 millones de pesos, recursos que, según indicó, muchas familias y emprendedores no están en capacidad de asumir, especialmente en municipios que han afrontado dificultades económicas durante los últimos años.
“Estas resoluciones afectan directamente las economías populares del Tolima. Son pequeños empresarios que viven del turismo y que no tienen cómo cubrir inversiones de esta magnitud”, afirmó Castro.
La preocupación es aún mayor en el denominado triángulo turístico conformado por Melgar, Carmen de Apicalá y Flandes, donde existen más de 8.000 piscinas vinculadas a actividades recreativas y de hospedaje. En todo el departamento, la cifra superaría las 15.000 unidades que tendrían que adecuarse a las nuevas disposiciones.
Sin embargo, el punto más polémico de la denuncia tiene que ver con la participación de algunos asesores en la elaboración de las resoluciones. De acuerdo con el secretario, tras revisar la documentación publicada por el Ministerio de Salud, encontraron que entre quienes aportaron en la construcción de la normativa figuran empresarios relacionados con la comercialización de equipos, alarmas, cerramientos y dispositivos que posteriormente son exigidos a los propietarios de piscinas.
“Lo que nos llama profundamente la atención es que quienes asesoraron para la elaboración de estas resoluciones serían los mismos sectores empresariales que venden los elementos que ahora deben comprar los dueños de piscinas para cumplir con la norma”, manifestó.
Ante esta situación, la Gobernación del Tolima anunció la realización de mesas de trabajo en Melgar con empresarios y representantes del sector turístico para analizar el impacto de las medidas y promover una solicitud formal de derogatoria ante el Gobierno Nacional.
Castro hizo un llamado directo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que revise la situación y tenga en cuenta las consecuencias económicas que las resoluciones podrían generar en una de las principales actividades productivas del departamento.
“Defender la vida es fundamental, pero también debemos proteger la supervivencia de miles de pequeños empresarios que hoy sostienen la economía turística del Tolima”, concluyó el funcionario.
