La líder política María del Pilar Rojas Liévano denunció que la Administración busca entregar a un tercero las funciones de operación, control y seguimiento de la Secretaría de Movilidad por un periodo de hasta 20 años.
La discusión de un proyecto de acuerdo que busca modernizar la gestión de la movilidad en Melgar terminó convirtiéndose en un nuevo foco de confrontación política y ciudadana.
Durante una entrevista concedida a La Voz del Pueblo, María del Pilar Rojas Liévano cuestionó duramente la propuesta impulsada por la Administración Municipal, asegurando que detrás del discurso de modernización existe una intención de entregar a un privado funciones que actualmente están en manos del Estado.
Según la dirigente, el proyecto contempla la creación de una sociedad de economía mixta que asumiría la operación, seguimiento y control de la movilidad en el municipio, con una participación superior al 50 % para el sector privado.
“Lo que pretenden es a toda costa engañar con un discurso de que no es privatizar la Secretaría y adelantar un negocio privado”, afirmó Rojas, quien aseguró que la iniciativa ya fue aprobada en primer debate y avanza hacia su discusión en plenaria.
La líder también cuestionó la duración de la eventual concesión, señalando que podría extenderse hasta por 20 años, lo que, a su juicio, comprometería el futuro administrativo y financiero del municipio.
Pero las críticas no se limitaron al contenido del proyecto. Rojas denunció que durante la sesión del Concejo se habrían presentado presiones por parte de contratistas y funcionarios que asistieron a las barras para respaldar la iniciativa.
Asimismo, aseguró que dos mujeres líderes comunitarias fueron víctimas de agresiones verbales mientras manifestaban su rechazo al proyecto mediante carteles y mensajes dirigidos a los concejales.
“Fue muy triste ver cómo las mujeres fueron agredidas por el mismo Estado”, expresó.
Frente al avance de la propuesta, la dirigente anunció que, de ser aprobada en segundo debate, acudirán a instancias judiciales para intentar frenar su implementación.
“Nos iremos a los estrados judiciales. No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque la movilidad es una función pública y en Melgar no hay necesidad de traer un privado”, sostuvo.
Mientras tanto, el debate continúa generando división en el municipio, especialmente porque la discusión coincide con las festividades locales, situación que algunos sectores consideran limita la participación y el conocimiento ciudadano sobre un proyecto que podría tener importantes repercusiones para el futuro de Melgar.
