En entrevista con La Voz del Pueblo el presidente de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia afirmó que la menor de edad, recibió acompañamiento institucional y señaló que la prioridad era la atención médica.
Diego Leyton, presidente de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia, Acodefam, habló con La Voz del Pueblo y se pronunció sobre el caso de la niña Mía Kathaleya y defendió la actuación de las Defensorías de Familia y del ICBF frente a la atención brindada a la menor de edad.
El vocero señaló que desde la asociación rechazan “categóricamente” los hechos de violencia contra la niña y lamentó su fallecimiento. “Estamos consternados con la situación”, expresó.
Leyton indicó que la niña requería atención médica inmediata debido a las lesiones que presentaba y aseguró que las autoridades del ICBF sí realizaron acompañamiento durante el proceso de atención hospitalaria.
“El acompañamiento de la defensora de familia sí existió. Ella estuvo en Clinaltec desde las 9 de la noche hasta las 2:30 de la mañana”, afirmó.
Según explicó, el caso fue reportado por la unidad de salud de El Espinal al ICBF y, tras conocerse el traslado de la menor hacia Ibagué, la defensora de familia se desplazó para hacer seguimiento.
El presidente de Acodefam también aseguró que las comisarías de familia de El Espinal acudieron al hospital y recordó que, por “competencia a prevención”, estas autoridades podían adoptar medidas urgentes de protección si era necesario.
“La niña no estuvo sola o ausente de autoridad administrativa durante su proceso de atención hospitalaria”, manifestó.
Durante la entrevista, Leyton explicó que los defensores de familia son competentes en procesos relacionados con amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando existen presuntos delitos sexuales. Además, precisó que en casos de violencia intrafamiliar las comisarías de familia también tienen facultades de actuación inmediata.
Por último, señaló que, hasta donde tiene conocimiento, no existían reportes previos en el ICBF sobre posibles situaciones de amenaza o vulneración de derechos de la menor.
