Tras más de cuatro años de solicitudes, estudios técnicos aprobados y múltiples derechos de petición, la institución educativa rural ubicada en la vía antigua a Rovira sigue esperando la instalación de señalización y reductores de velocidad. El llamado es para la gobernadora Adriana Magali Matiz.
La preocupación crece entre directivos, padres de familia y estudiantes del colegio privado Campus Académico Clic-k, ubicado en el kilómetro 2 de la vía antigua a Rovira, en zona rural del Tolima, donde la ausencia de medidas de seguridad vial se ha convertido en una amenaza latente.
La rectora de la institución, Heidy Laiseca, denunció que desde el año 2022 iniciaron el proceso ante la Secretaría de Tránsito municipal de Ibagué, para solicitar señalización y reductores de velocidad en el sector, especialmente por tratarse de una zona escolar con alta circulación de vehículos pesados.
Sin embargo, aunque la solicitud fue inicialmente aprobada, posteriormente se les informó que la jurisdicción correspondía al departamento, lo que obligó a reiniciar el trámite ante la Secretaría de Tránsito departamental en 2023.
“Cumplimos con todos los requisitos, radicamos documentos y logramos que en 2024 se hiciera el estudio técnico. Vinieron, tomaron medidas, dejaron la ficha técnica de cómo debía ejecutarse la obra, pero a hoy, en 2026, no se ha hecho absolutamente nada”, aseguró la rectora.
De acuerdo con Laiseca, la respuesta reiterada por parte de las autoridades ha sido la falta de recursos para ejecutar la intervención, situación que mantiene en incertidumbre a la comunidad educativa.
El riesgo no es menor. En la zona hay curvas pronunciadas, una de ellas con alta inclinación, señalada en el mismo estudio técnico como punto crítico de accidentalidad. Además, la vía es utilizada constantemente por volquetas y vehículos de carga que transitan a alta velocidad.
“Ya se han presentado accidentes. Es una vía peligrosa y el riesgo es permanente, sobre todo en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. No queremos esperar a que ocurra una tragedia”, advirtió la rectora.
Actualmente, 320 estudiantes hacen parte de esta institución, cuyos accesos dependen directamente de esta vía sin señalización ni controles de velocidad.
Pese a la imposibilidad de intervención por parte del municipio, debido a que la jurisdicción corresponde al departamento, la comunidad educativa insiste en un llamado urgente a la Gobernación del Tolima y a la Secretaría de Tránsito departamental: “Es un llamado desesperado. Hemos sido respetuosos, pacientes, hemos radicado todo lo necesario, pero no hemos sido escuchados. Lo único que pedimos es que se priorice la vida de nuestros estudiantes”, concluyó.
