El presidente del Concejo Óscar Eduardo Arévalo, confirmó que la Procuraduría notificó el inicio de un proceso de conciliación promovido por Mineros S.A. para derogar el Acuerdo Municipal 005, que declaró de utilidad pública 33 predios vinculados al proyecto minero en el municipio.
La controversia por la actividad minera en Cajamarca volvió al escenario jurídico. El presidente del Concejo Municipal, Óscar Eduardo Arévalo, reveló que la corporación recibió una notificación de la Procuraduría relacionada con una solicitud de conciliación presentada por Mineros S.A., con la que se busca dejar sin efectos el Acuerdo Municipal 005.
La iniciativa, promovida mediante participación ciudadana por el Comité Ambiental y respaldada con firmas de la comunidad, fue aprobada por mayoría en el Concejo y declaró de utilidad pública 33 predios que inicialmente pertenecían a la multinacional AngloGold Ashanti y que, según Arévalo, hoy estarían en poder de Mineros S.A., aunque aclaró que ese cambio no ha sido informado oficialmente a la corporación.
El presidente del Concejo recordó que durante el trámite del proyecto presentó ponencia negativa y votó en contra del acuerdo, al considerar que existían riesgos jurídicos relacionados con las competencias del municipio frente a la regulación de la minería y la protección de la propiedad privada.
“Nosotros somos ordenadores del uso del suelo, pero no podemos hacer nada referente al subsuelo. Esa era mi preocupación y se la advertí a los concejales antes de la votación“, afirmó.
Arévalo explicó que el acuerdo fue aprobado por una estrecha mayoría de seis votos contra cinco, pese a las advertencias sobre las posibles implicaciones legales. A su juicio, varios cabildantes confiaron en conceptos según los cuales la decisión no tendría consecuencias jurídicas.
El concejal también manifestó su preocupación por el precedente que podría generar la declaratoria de utilidad pública sobre predios privados.
“Hoy es una multinacional, mañana puede ser una lucha contra los aguacateros y después contra otros propietarios. Debemos salvaguardar el derecho a la propiedad privada”, sostuvo.
Aunque evitó anticipar cuál será la decisión de la Procuraduría frente a la solicitud de conciliación, Arévalo anunció que el Concejo comenzará a debatir el tema en los próximos días para analizar el alcance jurídico del proceso y las posibles consecuencias para el municipio.
“Prefiero esperar lo que determinen la Procuraduría y las demás instancias competentes. A partir del primero de agosto iniciaremos los debates y evaluaremos el rumbo de este proceso”, concluyó.
