Desde el colectivo social COSAJUCA aseguran que la presión ciudadana fue determinante. Esperan una comunicación más directa con la gobernadora Adriana Magali Matiz.
El acuerdo municipal de la declaratoria de utilidad de 33 predios de Anglo Gold Ashanti, aprobado el pasado 28 de febrero en Cajamarca y sancionado el 12 de marzo quedó, por ahora, fuera de revisión previa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, luego de que la Gobernación dejara vencer el plazo legal el 15 de abril sin remitir el documento.
La decisión, que se dio en medio de tensiones entre institucionalidad y ciudadanía, ha sido interpretada por organizaciones sociales como un logro de la movilización comunitaria.
“Esto es una iniciativa de autonomía territorial promovida por la ciudadanía y cualquier intento de llevarla a revisión previa contrariaba los principios constitucionales de participación”, afirmó Robinson Mejía, vocero del colectivo social CosaJuca en diálogo con La Voz del Pueblo.
El líder social aseguró que el pronunciamiento inicial de la Gobernación generó incertidumbre, al no dejar claro si el acuerdo había sido enviado o no al Tribunal, lo que obligó a la comunidad a exigir claridad institucional.
“Fue necesario que funcionarios nos confirmaran que no se había enviado. Hoy tenemos una certificación de que el plazo venció el 15 de abril, pero seguimos esperando una respuesta oficial a un derecho de petición”, explicó.
Mejía también advirtió en esta redacción que, aunque el acuerdo evitó la revisión previa, el escenario jurídico sigue abierto.
“Esto nos da un margen para avanzar, pero no significa que el debate haya terminado. Si una empresa minera decide demandar, el caso llegará al Tribunal en su debido momento”, señaló.
Entre tanto, la comunidad ha verificado en los registros de la Rama Judicial que no existe, hasta ahora, ningún proceso en curso relacionado con este acuerdo, lo que refuerza la versión de que no ha sido objeto de revisión judicial.
El caso de Cajamarca vuelve a poner sobre la mesa el debate nacional entre autonomía territorial, participación ciudadana y los límites del control institucional sobre decisiones locales.
