Seis de los ocho consejeros respaldaron a John Jairo Méndez, mientras continúan las controversias por presuntas irregularidades y una acción judicial que aún no ha sido admitida.
La secretaria Administrativa de la Gobernación del Tolima, Yurani Prieto, salió en defensa del proceso de elección del nuevo rector de la Universidad del Tolima y aseguró que el Consejo Superior actuó conforme a los estatutos y reglamentos internos de la institución.
Según explicó la funcionaria, el proceso inició desde el mes de diciembre con la publicación del cronograma oficial y la inscripción de tres candidatos. Posteriormente, se desarrolló la consulta universitaria en la que la plancha encabezada por John Jairo Méndez obtuvo el mayor respaldo.
Prieto indicó que durante la sesión del Consejo Superior se revisaron todas las solicitudes, observaciones y comunicaciones relacionadas con el proceso antes de avanzar a la votación definitiva. Asimismo, se aprobó la metodología para escuchar a los candidatos y definir el mecanismo de elección.
“La elección se desarrolló conforme al Estatuto General y al reglamento de la universidad”, sostuvo la funcionaria.
De acuerdo con la secretaria Administrativa, en la sesión participaron ocho de los nueve integrantes del Consejo Superior. Seis consejeros votaron favorablemente por John Jairo Méndez, mientras que dos representantes, el delegado del Ministerio de Educación y el delegado de la Presidencia de la República, se abstuvieron de votar. El representante de los exrectores no asistió a la sesión.
Uno de los puntos que más controversia ha generado tiene relación con los cuestionamientos sobre la legalidad de uno de los integrantes del Consejo Superior por temas relacionados con la edad de retiro forzoso de uno de sus miembros, Fernando Misas Arango.
Frente a ello, Prieto aseguró que los estatutos de la Universidad del Tolima no establecen límites de edad para algunas representaciones dentro del órgano directivo. Además, explicó que durante la sesión se presentó un fallo del Consejo de Estado del año 2017 que diferencia las condiciones de quienes ejercen funciones públicas de aquellos integrantes particulares que hacen parte de consejos superiores universitarios.
“La Universidad y el Consejo Superior revisaron jurídicamente las condiciones y no encontraron ninguna ilegalidad frente a la representación cuestionada”, afirmó.
La funcionaria también confirmó que actualmente existe una acción de cumplimiento radicada ante el Tribunal Administrativo del Tolima; sin embargo, aclaró que hasta el momento dicha acción no ha sido admitida ni notificada oficialmente a la Universidad del Tolima.
Finalmente, Prieto señaló que tanto la Gobernación como la Universidad permanecerán atentas a cualquier decisión judicial que se produzca frente al caso y reiteró que acatarán las determinaciones que adopten las autoridades competentes.
