En un nuevo episodio de violencia que sacude al Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, se ha identificado a los presuntos responsables del brutal ataque que cobró la vida de Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco, y su bebé de nueve meses, Miguel Herney López Durán. El trágico suceso ocurrió el 15 de enero en la vereda La Valera, cuando la familia era interceptada por un grupo armado mientras se desplazaban en su vehículo. Solo su hijo de 10 años logró sobrevivir al ataque.
Las autoridades han apuntado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el principal sospechoso de la masacre. Según informaciones de RCN Radio, el ataque habría sido llevado a cabo por el frente Juan Fernando Porras Martínez, bajo el mando de alias Manuel Guevara. Este grupo tiene una fuerte presencia en la región y se sospecha que el negocio funerario de la familia López Durán, que atendía tanto a civiles como a miembros de grupos ilegales, pudo haber sido un motivo detrás del ataque.
El alcalde de Tibú, Richar Claro, expresó su profundo pesar por la muerte del bebé y lamentó las dificultades que enfrentan las autoridades para acceder al área del crimen debido al control que ejercen los grupos armados. En respuesta a la tragedia, el presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales, manifestando su dolor por el ataque y asegurando que se están tomando medidas para esclarecer los hechos.
El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Norte de Santander, informó que se ha creado una unidad especial para investigar el caso, realizando inspecciones técnicas y recolectando evidencia en la escena del crimen. Además, el gobernador del departamento ha ofrecido una recompensa de $100 millones por información que conduzca a la captura de los responsables.
La situación en el Catatumbo se ha deteriorado aún más tras la masacre, con informes de intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, particularmente el Frente 33. Estos combates han generado un clima de terror en comunidades como San Pablo, El 25, La Gabarra y Filo Gringo. Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos, ha alertado sobre el inicio de una nueva guerra entre estos grupos armados, advirtiendo que la población civil será la más afectada.
En medio de esta crisis, las comunidades locales continúan exigiendo justicia y protección, mientras que el panorama de violencia y miedo se agudiza en el Catatumbo. La masacre de la familia López Durán es un trágico recordatorio de la brutalidad de los grupos armados en la región y de la urgente necesidad de soluciones que aborden la creciente violencia.
