En lo que va del año, los asesinatos relacionados con este negocio criminal pasaron de 46 a 82 casos, mientras autoridades intensifican una ofensiva que ya golpea maquinaria, combustible y estructuras ilegales, pero desata una reacción sangrienta en el territorio.
La guerra por el oro ilegal en el Tolima dejó de ser un problema ambiental para convertirse en una crisis de orden público. Municipios como Chaparral y Ataco están hoy en el centro de una confrontación que reta a la Fuerza Pública con redes criminales que no solo depredan el territorio, sino que imponen su ley a punta de miedo, extorsión y muerte.
La gobernadora Adriana Magali Matiz lanzó una advertencia sin rodeos: “las operaciones no se detendrán”.
Por el contrario, señaló, que se intensificarán con nuevas estrategias que buscan asfixiar financieramente a estas estructuras, entre ellas, el control y restricción en la venta de combustible, clave para el funcionamiento de la maquinaria ilegal.
Los resultados recientes evidencian el alcance de la ofensiva donde nueve unidades de producción fueron intervenidas, seis retroexcavadoras destruidas, tres más inutilizadas, nueve clasificadoras fuera de operación y la incautación de más de 16.500 galones de ACPM.
“Tengo unas cifras difíciles, en lo corrido del 2026, llevamos 82 asesinatos frente a los 46 registrados en el mismo periodo del año anterior. Una señal clara de que la disputa por el control del oro ilegal está cobrando cada vez más vidas”, reveló Matiz.
Añadió la mandataria, que uno de los casos más recientes permitió la captura de un presunto sicario enviado por disidencias armadas, cuya misión era asesinar a quienes se negaban a pagar extorsiones.
“La minería ilegal solo deja riqueza para los delincuentes; pero pobreza y daño ambiental irreparable para los tolimenses”, insistió la mandataria seccional, al calificar esta actividad como un “cáncer social” que desangra al departamento.
A pesar de los avances, la mandataria reconoció que la magnitud del problema supera las capacidades locales. Por ello, pidió el envío urgente de siete pelotones adicionales para reforzar la presencia militar en la zona y contener una violencia que no da tregua.
