Sobre la no asistencia de la directora de Cortolima precisó que la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes debería evaluar el traslado de la situación a la Procuraduría para las actuaciones correspondientes.
La problemática de la extracción ilegal de oro en el sur del Tolima llegó al escenario de control político de la Cámara de Representantes. Durante una audiencia pública de la Comisión Quinta realizada en el departamento, el representante Renzo García cuestionó la presencia de maquinaria utilizada para esta actividad y advirtió sobre sus impactos en la cuenca del río Saldaña.
García aseguró que cerca de 400 excavadoras han pasado por diferentes sectores del sur del Tolima y cuestionó que esta maquinaria haya transitado, según su denuncia, frente a instalaciones de la Fuerza Pública, puestos de Policía y autoridades municipales sin que se hayan producido acciones suficientes para impedir su movilización.
“Estamos hablando de cerca de 400 excavadoras que han pasado por el frente de batallones, puestos de Policía, cascos urbanos, autoridades municipales, administrativas, ambientales, y no pasa absolutamente nada”, afirmó el congresista.
El representante sostuvo que la extracción ilegal estaría afectando principalmente la cuenca del río Saldaña, por lo que planteó la necesidad de fortalecer la articulación entre las comunidades y las autoridades nacionales y territoriales.
García explicó que la audiencia tuvo como propósito escuchar directamente a las comunidades y conocer de primera mano las dificultades que enfrentan los territorios afectados por la actividad minera.
“Necesitamos es que la ciudadanía reclame, exija, porque son derechos que no tienen que mendigar”, señaló.
Durante su intervención también cuestionó el papel de algunas autoridades y habló de una posible permisividad frente al avance de la maquinaria. Aclaró, sin embargo, que estos señalamientos deben ser objeto de las respectivas verificaciones y actuaciones institucionales.
Uno de los llamados estuvo dirigido a Cortolima. García manifestó que la autoridad ambiental debe tener presencia en estos espacios y sostuvo que, ante una eventual ausencia, la Comisión Quinta debería evaluar el traslado de la situación a la Procuraduría para las actuaciones correspondientes.
El congresista recordó además experiencias anteriores de coordinación entre Policía, Ejército, Fuerza Aeroespacial, Fiscalía y autoridades ambientales para enfrentar la minería ilegal en municipios como Ataco.
Para García, la respuesta debe superar las diferencias partidistas y concentrarse en la protección ambiental y de las comunidades.
“El ambiente está por encima de los partidos políticos, eso es un asunto de sociedad, presente y futura”, manifestó.
