Así lo advirtió la viceministra de Defensa, Claudia Victoria Carrasquilla, durante un debate en la Comisión Quinta del Senado, donde señaló que estructuras armadas ilegales están utilizando la explotación minera como fuente de financiación, generando riesgos de inseguridad y afectaciones sociales en el departamento.
Una preocupante advertencia sobre el crecimiento de la minería ilegal en el sur del Tolima hizo Claudia Victoria Carrasquilla, viceministra de Defensa, durante la sesión de la Comisión Quinta del Senado, donde se analizó la problemática de la extracción ilícita de oro y su relación con las estructuras armadas ilegales.
Según indicó la funcionaria, con base en cifras de la Defensoría del Pueblo, en el departamento podría haber presencia de hasta 5.000 personas que posiblemente llegarían para participar en esta actividad criminal.
Durante su intervención, Carrasquilla señaló que la explotación ilegal de oro se ha convertido en una fuente de financiación para diferentes organizaciones armadas que tienen presencia en el territorio, entre ellas el Estado Mayor Central, la facción de Iván Mordisco, los frentes Jerónimo Galeano e Ismael Ruiz, así como la Segunda Marquetalia.
La viceministra advirtió que esta problemática no se limita a Ataco, sino que estaría extendiéndose hacia otros municipios y sectores del sur del departamento, particularmente Chaparral y Coyaima, donde también se ha identificado extracción ilícita de oro atribuida a grupos armados.
“Ellos, al igual que en Antioquia y en Santander con la presencia de las otras estructuras criminales, tienen como renta criminal la extracción ilícita del oro”, explicó Carrasquilla ante los congresistas.
La funcionaria también alertó sobre las consecuencias sociales y de seguridad que genera el crecimiento de esta actividad, debido a la llegada de personas alrededor de la explotación minera ilegal y a los intereses económicos de las organizaciones criminales que buscan controlar estos territorios.
Asimismo, indicó que el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, tiene identificadas las zonas afectadas y trabaja en estrategias para enfrentar este fenómeno. Como parte de las acciones de seguimiento, mencionó la existencia de un centro de información denominado CRATE, desde el cual se recopilan datos sobre operaciones y puntos donde se desarrolla la extracción ilícita de minerales.
