Después de varias tensiones y desencuentros, finalmente se ha llegado a un acuerdo para retirar el camión cisterna que explotó en el túnel Quebrada Blanca de la Vía al Llano. La decisión se tomó en una reunión entre transportadores, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la operadora Coviandina, y el despeje está programado para este viernes 12 de enero.
Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, comentó: “Estuvimos en la reunión virtual con los señores de Coviandina, la ANI, la Policía Nacional, con personas pertenecientes a la gobernación de la alcaldía de Villavicencio y por supuesto con funcionarios de la empresa transportadora, a la cual se encuentra afiliado el camión, y se determinó que el día de mañana, 12 de enero, por parte de la empresa transportadora, se iban a iniciar las maniobras para retirar los despojos de ese camión del interior del túnel de Quebrada Blanca”.
El retraso en el retiro del camión y la restitución de la vía ha generado preocupación entre los transportadores de carga, quienes han destacado la importancia estratégica de esta vía para la región y el país. Además, se han reportado importantes pérdidas económicas en sectores como el turismo y la hotelería.
La ANI y Coviandina han emitido un comunicado detallando las acciones a seguir tras el incidente. Una vez retirado el vehículo siniestrado, la concesión continuará la revisión del estado del túnel para determinar las acciones necesarias para su habilitación. Se mantendrán las restricciones de movilidad según el Plan de Contingencia definido.
El comunicado también destaca que el accidente y el incendio afectaron seriamente los túneles de Quebrada Blanca, con daños estructurales y en elementos eléctricos, de iluminación y sistemas inteligentes de transporte (ITS). Durante el fin de semana pasado, se reportaron desprendimientos de bloques desde la parte superior del túnel, confirmando las afectaciones estructurales
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Así avanza la eliminación de estratos en Colombia
El proceso de eliminación de los estratos en Colombia sigue avanzando con la presentación de un nuevo proyecto de Decreto por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que establece los lineamientos para la implementación de una nueva medición socioeconómica en el país.
El proyecto de Decreto otorga al DNP la responsabilidad de recopilar y priorizar la información contenida en el Registro Universal de Ingresos, la cual será utilizada para diseñar, focalizar, monitorear y evaluar los programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
Uno de los aspectos clave de este proceso es el tiempo necesario para recopilar la información requerida. Según el DNP, la recolección de datos a partir del Registro Universal de Ingresos comenzará en el segundo trimestre de 2026.
El proyecto de Decreto establece que las entidades responsables de los programas sociales utilizarán la clasificación del Registro Universal de Ingresos como criterio de focalización para la asignación de subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
Este cambio implicará que tanto las entidades públicas como los particulares que ejerzan funciones públicas adopten el Registro Universal de Ingresos como único instrumento de focalización. Para lograr esta transición, deberán realizar:
- Un análisis del impacto del cambio en la población potencialmente beneficiaria.
- La identificación de las poblaciones afectadas y los criterios para la transición.
- Mecanismos y plazos para la adopción del nuevo sistema.
- Puntos de corte de acceso a los programas, de acuerdo con las normativas aplicables.
El proceso de eliminación de los estratos en Colombia y la implementación del nuevo marco de medición se espera que concluya después del segundo trimestre de 2026.
El DNP también ha enfatizado la importancia de una adecuada socialización del cambio. Cada entidad responsable deberá comunicar a la población su plan de transición, así como implementar estrategias de divulgación y pedagogía para informar a los beneficiarios y potenciales beneficiarios sobre este proceso.
Se espera que todo el proceso de transición y socialización se lleve a cabo entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, según lo establece el proyecto de Decreto.
