Apenas 48 horas antes de que estallara uno de los escándalos más graves contra la seguridad del Estado en los últimos años, el Gobierno Nacional tomaba una decisión que, en ese momento, parecía parte de la búsqueda de la paz y del cambio. El 21 de noviembre de 2025, una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro oficializó como “gestores de paz” a cuatro integrantes del grupo armado disidente Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
Entre los nombrados destaca alias “Samir”, señalado de participar en el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi Antioquia, en un ataque donde perdieron la vida 13 uniformados. La designación como gestor de paz, con funciones de interlocución oficial en negociaciones del Estado, hoy retumba en cada rincón del país como un símbolo de contradicción e ironía del actual gobierno y el pírrico papel que se la ha asignado a la fuerzas armadas.
Un nombramiento de paz, pocas certezas
Lo más dramático: esos nombramientos se hicieron justo antes de que se conocieran unas filtraciones explosivas. Documentos y chats incautados en 2024 pertenecientes a los disidentes del EMBF, revelan vínculos con altos mandos militares y de inteligencia, lo que habría permitido que ese grupo armado evadiera operativos y mantuviera rutas de poder en varios territorios.
Y pese a que la resolución ordenaba notificar al Oficina del Alto Comisionado para la Paz, esa entidad manifestó no tener ningún conocimiento sobre los procesos de estas designaciones —una confesión que deja al descubierto el vacío institucional y pone en duda la transparencia del proceso.
Voces que exigen respuestas
Víctimas y comunidades afectadas por la violencia y sectores sensibles al conflicto han manifestado su indignación tras esta posesión. Para muchos, convertir a exguerrilleros acusados de crímenes graves en interlocutores oficiales no representa reconciliación, sino una máscara de impunidad y una burla directa a las familias afectadas.
Expertos advierten que brindar estatus oficial a cabecillas de disidencias con órdenes de captura vigentes, y antecedentes de homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas, abre una puerta peligrosa: la normalización de la violencia y el debilitamiento del Estado de Derecho.
El peso de la contradicción
Lo que debía ser un instrumento de paz la designación de gestores para encauzar el diálogo, hoy se convierte en una pregunta dolorosa para Colombia. ¿Puede el país construir una paz real cuando algunos de sus interlocutores oficiales siguen siendo acusados de crímenes atroces? ¿Qué mensaje se envía a las víctimas de esos actos? Las decisiones del Gobierno buscan sostener su estrategia de “paz total”, pero este episodio reaviva las dudas: la transparencia institucional y la memoria de las víctimas parecen estar en aprietos.
