Luis Alberto Martínez explicó que los cambios con el Acto Legislativo 01 del año 2000 redujeron significativamente los recursos enviados desde el nivel central hacia departamentos y municipios.
La discusión alrededor de la reforma al sistema de salud volvió a encenderse luego de fuertes declaraciones en defensa del proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, en La Voz de Pueblo por parte del viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, donde cuestionó el actual modelo de intermediación de las EPS y se aseguró que durante años los territorios han dejado de recibir billonarios recursos para garantizar derechos fundamentales.
Según explicó: “Desde la Constitución de 1991 Colombia adoptó el modelo de Estado Social de Derecho, lo que obligaba al Estado a garantizar servicios esenciales como salud, educación, agua potable y saneamiento básico para todos los ciudadanos, sin importar si viven en grandes ciudades o en municipios apartados”.
Sin embargo, se aseguró que los cambios introducidos con el Acto Legislativo 01 del año 2000 redujeron significativamente los recursos enviados desde el nivel central hacia departamentos y municipios.
“En nuestras cuentas, durante todos estos años dejaron de llegar 630 billones de pesos a los territorios”, señaló Martínez a esta redacción, argumentando que esos recursos estaban destinados principalmente para salud, educación y agua potable.
Uno de los puntos más críticos de la exposición fue el cuestionamiento al modelo financiero del sistema de salud actual. Según él, gran parte de los recursos que reciben los municipios terminan en manos de las EPS a través del Sistema General de Participaciones, dejando sin músculo financiero directo a hospitales y clínicas públicas.
“Antes los hospitales se financiaban directamente. Hoy tienen que facturarle a una EPS que muchas veces no paga, y eso termina afectando hasta el salario de los trabajadores”, afirmó.
La defensa de la reforma también estuvo enfocada en las condiciones laborales del personal de salud, calificando como “contratos basura” la situación de miles de empleados que trabajan bajo órdenes de prestación de servicios y contratos temporales.
“Las grandes víctimas del sistema son primero los pacientes y luego los trabajadores”, señaló, agregando que la propuesta busca garantizar recursos suficientes para formalizar gradualmente al personal y reabrir puestos de salud en diferentes regiones del país.
Otro de los argumentos expuestos fue la necesidad de recuperar la universalidad del servicio. Según indicaron, actualmente la calidad de la atención depende de la capacidad financiera de cada EPS, lo que genera desigualdad entre los pacientes.
“Hoy el sistema discrimina. Hay pacientes que reciben mejor atención dependiendo de la EPS a la que estén afiliados, y eso no puede pasar con un derecho fundamental”, aseguró.
Frente a las críticas de alcaldes, gobernadores y sindicatos sobre una posible insuficiencia de recursos o riesgos en el manejo del dinero en las regiones, los defensores de la reforma afirmaron que el proyecto contempla mecanismos de participación ciudadana y control social para evitar corrupción y priorizar las necesidades de las zonas más vulnerables.
