En un movimiento que marca un giro drástico en la política migratoria de Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump ha dado luz verde a las redadas de migración en lugares considerados tradicionalmente «protegidos», como escuelas, colegios e iglesias. Esta decisión, anunciada el martes, se produce un día después de que Trump asumiera la presidencia, reafirmando su compromiso de implementar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha revocado una directriz emitida por la administración de Joe Biden en 2021, que prohibía a las autoridades migratorias realizar arrestos en estos espacios sin la aprobación de un superior. La medida de Biden buscaba garantizar que las comunidades migrantes pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a ser detenidas.
Según un portavoz del DHS, la nueva política «empodera» a los agentes de inmigración para «seguir las leyes» y capturar a aquellos que son considerados «criminales extranjeros». Aunque no se presentaron pruebas concretas, el comunicado sugiere que hay «criminales» que se «esconden» en instituciones educativas y religiosas para evitar ser arrestados.
La revocación de esta directriz ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y comunidades migrantes, quienes temen que esta decisión pueda llevar a un clima de miedo y desconfianza, disuadiendo a las personas de buscar asistencia en lugares donde se ofrecen servicios vitales. La directriz de 2021, por su parte, enfatizaba la importancia de mantener el acceso a recursos como alimentos, refugio y apoyo espiritual sin la amenaza de redadas.
Con esta nueva política, el Gobierno de Trump parece decidido a cumplir con sus promesas de campaña, desatando un nuevo capítulo en la controvertida historia de la inmigración en Estados Unidos.
