Personal que trabajó en la obra asegura que la plata de la obra se fue a un restaurante en Cartagena, mientras a ellos no les quieren pagar lo que les adeudan.
Tras las diferentes denuncias que se han conocido de irregularidades y aparente malversación de los recursos del anticipo para la construcción del puente de la carrera Quinta, integrantes del equipo de trabajo que sirvió para los contratistas de la obra hacen un llamado a las autoridades para que investiguen a profundidad lo ocurrido y que alguien les obligue a pagar lo que les adeudan.
Advierten que si hubo muchas irregularidades en el desarrollo de las obras iniciales del convenio y que los recursos del anticipo en realidad habrían terminado en un restaurante que coincidencialmente inauguró la familia terminando el año en la ciudad de Cartagena, por lo que piden a las autoridades que ahonden en lo que pasó con este contrato y el dinero del anticipo.
“Mire la situación en la que está este man y le siguen dando contratos, toda la millonada que le dieron en diciembre y nos deben salarios, seguridad social, proveedores, liquidaciones y ¿cuándo pagarán? Mientras ellos se van los fines de semana para Cartagena al restaurante que abrieron en diciembre”, señaló uno de los empleados que tuvo el consorcio, quien pidió la reserva de su identidad.
Según los exempleados de la obra, los perjuicios que les causaron los contratistas que tienen gran cantidad de obras adjudicadas a ellos, no solo en Ibagué sino en el Tolima, entre ellas la de la construcción del Hospital Regional del Sur en Chaparral, donde no han podido empezar a ejecutar la obra de cerca de $90.000 millones.
A los extrabajadores de la obra no solo les adeudan gran cantidad de dinero por sus liquidaciones y salarios atrasados, sino porque aparecen registrados en mora por salud, pensión y hasta ARL que les ha impedido ubicarse nuevamente laboralmente.
“Ya les ha pasado a varios excompañeros que logran conseguir trabajo y cuando van a afiliarlos a seguridad social no pueden, porque aparecen en mora y nadie responde, pero además, porque ya les ha pasado que van a otras constructoras y les dicen que no, porque son problemáticos y revolucionarios, todo por haber acudido al Ministerio del Trabajo para pedir que alguien haga pagar a estas personas por lo que les deben”, indicó el denunciante.
Estos empleados tienen la esperanza que los organismos de control o la Fiscalía que allanó las oficinas, puedan ayudarlos a que les paguen lo que les adeudan y que no se sigan cometiendo arbitrariedades con la obra que nunca arrancó.