La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia ha iniciado una intervención forzosa en la EPS Sanitas, que forma parte de la compañía española Keralty y se posiciona como la segunda entidad prestadora de salud más grande del país después de la Nueva EPS.
Esta medida, que se extenderá por un año, implica la toma de posesión de los bienes y negocios a nivel nacional de Sanitas, que forma parte de la empresa española Keralty. Según la superintendencia, esta decisión se ha tomado debido al estado financiero de la EPS, su incumplimiento de indicadores patrimoniales y el aumento de quejas por parte de los usuarios.
Con aproximadamente 5,7 millones de afiliados, la EPS Sanitas enfrenta un panorama de deudas que ascienden a más de 2 billones de pesos colombianos (alrededor de 525.000 millones de dólares), según informes de la Superintendencia de Salud. Además, durante el año 2023 se ha registrado un incremento significativo en las reclamaciones dirigidas a la EPS, con un total de 185.634 y una tasa de incidencia superior al promedio nacional.
El superintendente de Salud, Carlos Leal Angarita, ha asegurado que la intervención administrativa no afectará la prestación de servicios de salud a los afiliados y se ha designado a Duver Vargas como interventor para llevar a cabo el proceso.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia, especialmente en el contexto de las discusiones sobre la reforma a la salud en el Congreso. Algunos críticos, como el expresidente Álvaro Uribe, han expresado preocupación por el papel del Estado en el sector de la salud. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha defendido la acción gubernamental, enfatizando la continuidad de los servicios de salud sin intermediarios.
A pesar de las preocupaciones planteadas, el Gobierno colombiano ha asegurado que la intervención de la EPS Sanitas busca proteger los intereses y la salud de la población. Carlos Leal Angarita ha enfatizado que esta medida no implica un proceso de liquidación de la entidad y se ha comprometido a garantizar la continuidad y normalidad en la prestación de los servicios de salud.
