Un preocupante informe de la Misión de Observación Electoral reveló que al menos seis mujeres líderes políticas han sido víctimas de violencia desde enero hasta el 30 de abril de 2026.
La violencia política contra las mujeres sigue ganando terreno en el Tolima. Así lo evidenció el más reciente informe presentado por la MOE regional ante la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales en Ibagué, con corte del 1 de enero al 30 de abril de 2026.
De acuerdo con Cristian Martínez, coordinador de la MOE Tolima en diálogo con La Voz del Pueblo, seis mujeres del departamento han sido víctimas de diferentes tipos de agresión en el ejercicio de su liderazgo político.
Entre las más afectadas se encuentran la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien registra siete hechos de violencia, y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, con cuatro casos documentados.
A esta lista se suman lideresas como Judith Gamboa, Erika Lozano, Silvia Ortiz y Martha Alfonso, quienes también han sido blanco de ataques en medio de sus funciones públicas o participación política.
“El informe detalla que la violencia psicológica encabeza las agresiones con un 51,9%, manifestada en amenazas, insultos, difamaciones y campañas de desprestigio. Le sigue la violencia simbólica con un 33,3%, relacionada con estereotipos de género, lenguaje sexista y la ridiculización del liderazgo femenino”, dijo Martínez.
Finalmente, detalló el funcionario que un 14,8% corresponde a otras formas como obstrucción del ejercicio del cargo y violencia digital.
Martínez explicó que estas categorías están contempladas en la reciente ley de violencia política contra las mujeres, normativa que empieza a aplicarse en el país y que en el Tolima ya deja ver sus primeros impactos; sin embargo, el panorama podría ser aún más preocupante.
Desde la MOE advierten que existe un alto subregistro, debido a que muchos casos no son denunciados o no alcanzan a ser visibilizados en medios de comunicación.
“Esta violencia ocurre a diario y muchas veces en el anonimato”, señaló el coordinador, además, cuestionó la falta de información por parte de las autoridades electorales.
Durante la misma comisión, el Consejo Nacional Electoral no presentó cifras oficiales sobre investigaciones o casos registrados, lo que dificulta contrastar y dimensionar la problemática en el departamento.
