Una delegación de líderes sociales y ambientales de Cajamarca, acompañada por miembros de la Red de Comités Ambientales del Tolima, llevó a cabo este martes una protesta frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exigiendo la implementación de la Consulta Popular como mecanismo vinculante para defender el territorio y sus recursos naturales.
Producto de esta movilización, se adelantaron mesas de dialogo con la la viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Natalia María Ramírez Martínez, y la subdirectora de Participación de la ANLA quiénes escucharon de primera mano las peticiones de los manifestantes que reclaman “el derecho a decidir” sobre proyectos extractivos, quienes exigieron la caducidad del contrato minero EIG-163 y que se archive cualquier intento de concesión en Cajamarca, señalando que las Consultas Populares han sido herramientas claves para la defensa del agua y la vocación agrícola del Tolima.
Esta manifestación pone en evidencia una petición creciente de la comunidad cajamarcuna sobre la soberanía del territorio y comunidades que insisten en la soberanía local frente a un modelo de desarrollo extractivo que, según ellos, pone en riesgo ecosistemas, aguas, biodiversidad y modos de vida.
El clamor generalizado de las comunidades campesinas y las organizaciones cajamarcunas que hacen presencia en la Agencia Nacional de Minería en Bogotá, es la falta de aplicabilidad del Plan de gobierno de Colombia Potencia Mundial de la Vida liderado por el presidente Gustavo Petro, que completa tres años de gobernanza, y que la Agencia Nacional de Minería no ha llevado a cabo la reglamentación de este tipo de prácticas.
También mencionan que en Cajamarca existe un contrato de concesión minera de 9.200 hectáreas, donde se encuentra el Proyecto Minero La Colosa y al menos 20 solicitudes de concesión minera. l Colectivo Socio Juvenil de Cajamarca dijo que las comunidades campesinas y las organizaciones de Cajamarca se movilizaron para exigir que la Agencia Nacional de Minería adopte las decisiones necesarias. Estas decisiones deben garantizar que no existan títulos mineros ni solicitudes de concesión minera en la jurisdicción de Cajamarca.
Una de las denuncias hechas en la protesta fue contra el gobierno nacional. Afirman que en el Plan de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida, el presidente Gustavo Petro se comprometió a respetar las consultas populares.
Aunque transcurrieron tres años del Gobierno Petro, la Agencia Nacional de Minería no habría honrado ese compromiso. Explican que en Cajamarca existe un contrato de concesión minera de 9.200 hectáreas, donde se encuentra el Proyecto Minero La Colosa y al menos 20 solicitudes de concesión minera.
Las organizaciones explican que no solo existe un incumplimiento del Gobierno Petro, sino que las comunidades campesinas de Cajamarca en el Tolima enfrentan un evidente riesgo ante una eventual explotación minera en el territorio. Esta manifestación pone en evidencia una tensión creciente: la de unos territorios y comunidades que insisten en la soberanía local frente a un modelo de desarrollo extractivo que, según ellos, pone en riesgo ecosistemas, aguas, biodiversidad y modos de vida.
