Olga Lucía Alfonso pide esclarecer los hechos y que se generen las actuaciones necesarias de la posible participación de una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, para esclarecer posibles irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal realizadas en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, jurisdicción de Dolores.
La actuación del Ministerio Público se produce luego del llamado realizado por la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, quien solicitó que se esclarecieran los hechos y se adelantaran las actuaciones correspondientes frente a la posible participación de una funcionaria de la propia Corporación.
Los hechos que ahora están bajo la lupa de la Procuraduría se habrían presentado el pasado 25 de agosto de 2026, en plena emergencia por incendios forestales que afectaba diferentes municipios del Tolima. En medio de las circunstancias, dos campesinos fueron capturados por las autoridades.
El organismo de control busca determinar si en el predio existían los permisos o autorizaciones ambientales necesarios para realizar las labores de tala y quema controlada de material vegetal, así como establecer si se cumplieron las medidas y restricciones ambientales que se encontraban vigentes para esa fecha.
Uno de los puntos centrales de la indagación será establecer la posible participación de una funcionaria de Cortolima, quien sería propietaria del predio donde se desarrollaron las actividades cuestionadas.
La Procuraduría deberá establecer si tuvo alguna intervención en la autorización o contratación de las labores y si estas se ajustaron a la normatividad ambiental.
La apertura de esta indagación no significa que exista responsabilidad disciplinaria, pues precisamente el propósito de la actuación preliminar es recopilar información, verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y determinar si hubo conductas que puedan constituir faltas.
El caso adquiere especial relevancia por el contexto en el que ocurrieron los hechos mientras el Tolima enfrentaba una emergencia por incendios forestales, las autoridades mantenían restricciones y medidas especiales para prevenir nuevas afectaciones ambientales.
Ahora será la Procuraduría la encargada de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y determinar si existen méritos para continuar con una investigación formal contra funcionarios o particulares involucrados.
