En una decisión con miras a blindar el próximo proceso electoral, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach impuso una serie de prohibiciones dirigidas a los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, cuyo objetivo es garantizar la neutralidad y equidad en las contiendas electorales convocadas para 2026.
“Cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones e incurra en indebida participación en política recibirá inmediatamente la máxima sanción por mala conducta” manifestó el procurador Eljach.
La nueva reglamentación emitida por la entidad vigilante de la función pública, se lleva a cabo en el marco de las elecciones legislativas al Congreso, programadas para el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales fijadas para el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio de 2026.
Según el comunicado publicado por la Procuraduría: evitar que el uso indebido del poder y los recursos públicos distorsione la competencia política y ponga en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Prohibiciones clave para servidores públicos
La Directiva 013 enumera de manera explícita un conjunto de conductas prohibidas, entre las que se destacan:
Utilizar el cargo para involucrarse en partidos, movimientos o controversias políticas.
Hostigar, presionar o incidir en subalternos o particulares para que respalden causas o campañas políticas.
Emplear elementos del servicio público con fines proselitistas o políticos.
Utilizar información reservada obtenida por razón del cargo con fines partidistas.
Exonerarse de deberes oficiales, justificándose en el derecho a participar en política.
Usar el horario laboral para actividades políticas.
Hacer aportes económicos a campañas o partidos, salvo excepciones para miembros de corporaciones públicas.
Difundir propaganda electoral o manifestaciones favor o en contra de candidaturas por cualquier medio.
Intervenir en controversias políticas mediante cualquier medio.
Ofrecer obras o beneficios indebidos con ánimo de influir en el voto.
Autorizar el uso de bienes públicos e inmuebles para campañas políticas.
Destinar recursos públicos a actividades proselitistas, salvo los del Fondo Nacional de Financiación Política.
La Procuraduría también hace un llamado a la sociedad para que actúe como veedora activa, exhortando a denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad, acompañada de los soportes pertinentes que permitan iniciar una investigación.
