La Procuraduría General de la Nación confirmó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y realizó maniobras para ocultar información financiera durante las dos fases del proceso electoral.
El informe detallado indica que en la primera vuelta, la campaña superó el límite permitido en $154.262.381 al no reportar la factura CI 8136 por $356.102.872. Tras incluir este documento, los gastos totales ascendieron a aproximadamente $28.690 millones, por encima del tope establecido de $28.536 millones.
Responsabilizaciones y hechos destacados
La Procuraduría responsabilizó directamente a Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, por las maniobras que permitieron ocultar información contable. Asimismo, identificó responsables en la tesorera, Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y en los auditores de la campaña, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, de la Coalición Pacto Histórico.
Uno de los casos más graves fue la cobertura del evento en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022, cuyo costo real fue de $250 millones. Solo se reportaron $150 millones al CNE, mientras que el resto fue pagado por la empresa ServiRed SAS, sin ser incluido en los informes oficiales, lo que evidencia una omisión significativa.
Durante la segunda vuelta, aunque los gastos oficiales no superaron el límite de $13.347 millones, la Procuraduría reveló que los costos reales llegaron a $13.299 millones, incluyendo el monto no reportado del evento mencionado.
Omisiones y prácticas cuestionadas
El informe también señala la no divulgación del préstamo otorgado por el Partido Polo Democrático, que fue eliminado del informe contable bajo la justificación de haber sido pagado y reemplazado, lo cual distorsiona la situación económica de la campaña. Además, se evidenció la contratación de testigos electorales por parte del movimiento Colombia Humana, una función que, según la Ley 996 de 2005, no corresponde a una campaña activa, pero cuyos pagos no fueron reportados.
También se identificaron fondos provenientes de la USO y Fecode que, aunque no ingresaron directamente a la cuenta de campaña, fueron ejecutados por estas organizaciones sin la debida notificación, dificultando su control y registro financiero.
Conclusiones y sanciones propuestas
La Procuraduría concluyó que existió un desconocimiento del régimen de topes de gasto, así como omisiones y falta de transparencia en la gestión financiera de la campaña. Como medida, propuso imponer una multa equivalente al 1% de los recursos entregados por el Estado para la primera vuelta, es decir, aproximadamente $154.262.381, además de exigir la devolución de estos fondos públicos.
