Leonardo Alexander Valero González fue condenado la semana anterior por otros hechos de corrupción ocurridos en el mismo caso.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo una nueva condena, a 34 meses de prisión, contra el exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), Leonardo Alexander Valero González, quien fue encontrado responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la investigación, el sentenciado se vio envuelto en el millonario desfalco a los Juegos Nacionales y Paranacionales que pretendían celebrarse en 2015, en Ibagué. La sentencia se da tras avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía, el procesado y su defensa.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía especializada que adelanta este caso, demostraron que el excontratista, aprovechándose de su cargo y funciones se interesó, en provecho propio, en la licitación para construir, adecuar y/o remodelar los escenarios de la Unidad Deportiva, ubicada en la calle 42 con carrera Quinta de la capital del Tolima; esto sin observar el cumplimiento de los requisitos de ley.
La Fiscalía demostró que el excontratista recibió coimas de manos de Jorge Alexánder Pérez, procesado penalmente por estos hechos, y cuyo proceso judicial se encuentra en etapa de juicio. Los pagos a los que se hace referencia habrían buscado direccionar la licitación contractual al consorcio del cual era representante legal.
El ente acusador evidenció que, durante una reunión, realizada el 17 y 18 de enero de 2015, Valero González, junto a los interesados, confeccionaron las respuestas a las observaciones realizadas en el trámite de la licitación y se ajustaron los índices financieros para favorecer a una empresa española que luego integraría el consorcio.
Al final de la segunda semana de diciembre, Valero González fue condenado a 34 meses de prisión por irregularidades en el contrato suscrito para la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro. Este caso fue adelantado por una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué.
