La compañía estadounidense Chiquita Brands ha sido condenada por una Corte de la Florida a pagar más de 38 millones de dólares a 16 familias de víctimas en Colombia, tras admitir que financió tanto a paramilitares de las AUC como a guerrillas en el Urabá Antioqueño y Magdalena. Este fallo podría abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre el financiamiento de grupos armados en la región.
Chiquita Brands, con sede en Cincinnati, Ohio, aceptó en 2007 haber realizado pagos a las AUC, designadas como organización terrorista por Estados Unidos. Estos pagos, realizados entre 1997 y 2004, ascendieron a 1.7 millones de dólares y fueron registrados como «servicios de seguridad». La Corte de la Florida destacó que estos fondos contribuyeron a la violencia y las masacres en Urabá y Santa Marta, donde los paramilitares y guerrillas luchaban por el control.
Las víctimas de las masacres han luchado durante décadas para obtener justicia y reparación. «Este fallo es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años», comentó una de las personas afectadas. El presidente Gustavo Petro cuestionó la capacidad de la justicia colombiana para abordar estos casos y subrayó la necesidad de un tribunal unificado que cuente toda la verdad del conflicto colombiano, más allá de las limitaciones actuales de la Justicia Especial para la Paz.
