El organismo advierte que la actividad se ha expandido desde Ataco hacia Chaparral y Coyaima, en medio de un escenario marcado por la llegada de unas 5.000 personas.
La extracción ilícita de minerales tiene en alerta a la Defensoría del Pueblo por sus efectos en la seguridad, el ambiente y los derechos de las comunidades del sur del Tolima. El organismo advierte que la problemática, que comenzó a evidenciarse con mayor fuerza en Ataco, se ha extendido hacia Chaparral y Coyaima y podría avanzar hacia Rioblanco y Planadas.
Uno de los datos que más preocupa está relacionado con la violencia. Según la Defensoría, durante todo 2025 se registraron cuatro homicidios en Ataco, mientras que en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 27, la gran mayoría bajo la modalidad de sicariato.
El organismo señala que la explotación ilícita de minerales también ha favorecido el fortalecimiento financiero de estructuras armadas ilegales que ejercerían control territorial, económico y social en diferentes sectores, aumentando los riesgos de homicidios, amenazas, extorsiones y otras formas de violencia.
La magnitud de la actividad también se refleja en el movimiento poblacional y la utilización de maquinaria pesada. La Defensoría estima que aproximadamente 5.000 personas han llegado atraídas por esta actividad, generando mayor presión sobre los servicios públicos, la oferta institucional y las dinámicas económicas de los municipios.
A esto se suma la estimación de cerca de 200 máquinas dedicadas a la extracción ilícita de minerales. La entidad advierte que este modelo de explotación ha desplazado prácticas de minería artesanal que históricamente desarrollaban comunidades de la zona mediante herramientas tradicionales.
Según la Defensoría, buena parte de estas actividades se desarrolla sin títulos mineros, licencias ambientales ni medidas de manejo, ocasionando afectaciones sobre los ríos Saldaña y Atá, además de procesos de deforestación y erosión de los suelos.
En Ataco, el organismo reporta la destrucción de más de 230 hectáreas de ecosistemas estratégicos.
La Defensoría advierte que la problemática compromete derechos colectivos como el ambiente sano, el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria, así como derechos fundamentales relacionados con la vida, la integridad personal, la salud y la educación.
Los mayores impactos, según el comunicado, recaen sobre víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas e indígenas, mujeres y menores de edad.
La preocupación de la Defensoría es que la dinámica no se quede únicamente en Ataco, Chaparral y Coyaima. El organismo advierte que la expansión podría alcanzar Rioblanco y Planadas, municipios ubicados en una región donde también existen corredores estratégicos utilizados por economías ilícitas y estructuras armadas.
