El abogado Wilson Leal Echeverry dirigió una carta abierta a la alcaldesa Johanna Aranda River, en la cual expone cuestionamientos al proceso de actualización catastral en la ciudad.
El reconocido abogado Wilson Leal Echeverry en una carta abierta a la Alcaldesa de Ibagué Johana Aranda, le pide suspender el cobro del impuesto predial, el cual, para este 2026 tuvo una actualización catastral en algunos sectores de la capital tolimense y que en este momento, los habitantes de la Hacienda La Miel, reclaman por el valor del mismo.
Aseguró el abogado que a la Alcaldesa no le han informado la realidad del proceso y emitió la carta en defensa de los derechos de los contribuyentes y exponer, lo que él señaló como las graves irregularidades del proceso.
En el documento, el jurista señala que existe una crisis de seguridad jurídica y confianza institucional relacionada con dicho proceso, y que la administración municipal decretó su clausura mediante los decretos 0766 y 0777 de diciembre de 2025, los cuales incluían anexos técnicos como zonas homogéneas y relación de avalúos, los cuales, asegura que estos anexos no fueron publicados en su totalidad.
Leal Echeverry afirma que, pese al cierre oficial fijado para el 30 de diciembre, el 16 de enero de 2026 evidenció que el operador catastral continuaba realizando ajustes y entregas de información en oficinas de Catastro Multipropósito.
“La alcaldía omitió su publicación, divulgando únicamente el cuerpo resolutivo. El artículo 65 del SEPACA es claro, los actos de carácter general no son obligatorios mientras no hayan sido publicados en su integridad. A ello se suma un hecho aún más grave, el supuesto cierre total del proceso al 30 de diciembre”, precisó Leal.
También advierte sobre modificaciones posteriores en la base de datos y menciona errores en el cálculo de áreas en propiedades horizontales, y señala que estas situaciones generan dudas sobre la idoneidad técnica del contratista.
El abogado cuestionó además el incremento en las bases gravables, indicando que algunos predios fueron valorados con criterios comerciales, pero clasificados como rurales al momento de aplicar tarifas, lo que, según expone, derivaría en la aplicación de la tarifa máxima del impuesto predial.
“El catastro ha incrementado de manera desproporcionada las bases gravables, tasando terrenos con valores comerciales sustentados en desarrollos urbanísticos. Sin embargo, al fijar la tarifa se desconoce ese mismo desarrollo y los clasifican como lotes rurales bajo el argumento de tener cero (0 ) metros cuadrados de construcción”, dijo el abogado.
Enfatizó: “El resultado, aplicación de la tarifa máxima del 16 por 1000, una carga confiscatoria e incompatible con los principios de justicia tributaria. Cuatro, como puedo testificar personalmente al visitar dos puntos distintos de orientación establecidos por la alcaldía, la información que se está dando a los contribuyentes es errónea y perjudicial”.
En la carta, también sostuvo que en puntos de atención al ciudadano se estaría entregando información incompleta sobre los recursos disponibles para controvertir los avalúos, en especial el recurso de reconsideración.
Asimismo, hizo referencia a jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual los avalúos catastrales no publicados ni ejecutados antes del 31 de diciembre no tendrían vigencia fiscal inmediata.
Por último, el abogado solicita a la administración municipal suspender el cobro del impuesto predial liquidado con base en estos avalúos, realizar una refacturación con base en valores anteriores, publicar los anexos técnicos y permitir la revisión de los avalúos mediante peritajes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
