El presidente Óscar Eduardo Arévalo, denunció que esos trámites administrativos están retrasando una decisión urgente para un municipio que debe cerca de $43.000 millones y paga aproximadamente $400 millones en intereses.
La crisis financiera de Cajamarca continúa encendiendo las alarmas. El municipio enfrenta una deuda cercana a los $43.000 millones y debe asumir intereses que rondan los $400 millones, una carga económica que, según el presidente del Concejo Municipal, Óscar Eduardo Arévalo, supera la capacidad financiera de la localidad y amenaza con comprometer los recursos destinados a inversión y funcionamiento.
El cabildante aseguró que los ingresos provenientes de los impuestos de industria y comercio y predial no superan los $4.000 millones, una cifra insuficiente para responder por las obligaciones financieras, teniendo en cuenta que de esos recursos también deben salir los gastos administrativos y las inversiones que necesita el municipio.
Ante este panorama, Arévalo defendió la necesidad de que Cajamarca se acoja a la Ley 550, mecanismo que permitiría establecer un proceso de reorganización de sus obligaciones económicas y buscar una salida a la difícil situación fiscal.
“Nosotros podemos seguir pagando este proyecto, podemos seguir interviniendo, podemos hacer que el proyecto no avance como ha ocurrido hasta el momento, pero en últimas el que pierde es el municipio”, advirtió.
El presidente del Concejo sostuvo que esta alternativa no responde a un capricho político del alcalde Camilo Valencia ni de la corporación, sino a una realidad financiera que requiere decisiones urgentes.
Sin embargo, el trámite del proyecto de acuerdo ha enfrentado diferentes obstáculos administrativos. Según Arévalo, se han presentado ocho recusaciones, alrededor de ocho acciones de tutela y cerca de 25 derechos de petición relacionados con el proceso, situaciones que han impedido avanzar con normalidad en su discusión.
El concejal cuestionó que la situación haya terminado convertida en una disputa política y señaló que algunos sectores estarían utilizando diferentes mecanismos para impedir que la iniciativa avance.
