El caso fue presentado por el abogado Juan Carlos Valderrama Jiménez, apoderado judicial de BHG Construcciones y Consultorías Inmobiliarias SAS, sociedad que inicialmente había acudido al municipio en ejercicio del derecho fundamental de petición.
Una tutela promovida por la sociedad BHG Construcciones y Consultorías Inmobiliarias SAS terminó en una sanción por desacato contra la representante legal del municipio de Natagaima, Astrid Pava Yara, y el secretario de Agricultura, Piscicultura y Ganadería, luego de que, según el abogado Juan Carlos Valderrama Jiménez, no se cumpliera una orden judicial relacionada con el derecho fundamental de petición.
La controversia se originó cuando la sociedad BHG solicitó información al municipio de Natagaima y, de acuerdo con su apoderado judicial, la administración no respondió dentro de los términos legales establecidos.
Ante esta situación, la empresa acudió a la acción de tutela. El Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo amparó el derecho fundamental de petición y ordenó al municipio responder las solicitudes.
Según explicó en diálogo con La Voz del Pueblo el abogado Juan Carlos Valderrama, la administración fue notificada de la decisión y contaba con 48 horas, a partir del 31 de julio de 2026, para cumplir la orden. Sin embargo, al no producirse la respuesta dentro del plazo, se inició un trámite incidental por desacato.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Natagaima resolvió sancionar por desacato a la representante legal del municipio y al secretario de Agricultura, Piscicultura y Ganadería, imponiendo multa y dos días de arresto.
“Los fallos judiciales se deben cumplir”, sostuvo Valderrama, quien hizo un llamado a la administración municipal para fortalecer la atención de los derechos de los ciudadanos y mantener mayor vigilancia sobre las notificaciones y órdenes provenientes de los despachos judiciales.
El abogado insistió en que el caso deja un mensaje para la administración y es que las peticiones de personas naturales y jurídicas deben ser atendidas de manera oportuna, coherente y responsable, pues el incumplimiento de una orden judicial puede generar consecuencias para los funcionarios responsables.
