En medio de una creciente polémica, el cabildante Camilo Salas afirmó que el proyecto de economía mixta carece de sustento jurídico, técnico y financiero.
El proyecto de acuerdo que busca crear una empresa de economía mixta para operar los servicios de tránsito y transporte en Melgar sigue generando una fuerte controversia. El concejal Camilo Salas aseguró que la iniciativa representa una “privatización encubierta” de funciones públicas y denunció presuntas irregularidades en su trámite dentro del Concejo Municipal.
Durante una entrevista concedida a La Voz del Pueblo, el cabildante afirmó que la propuesta permitiría que un socio privado tenga el control de la operación del tránsito durante los próximos 20 años, mientras que el municipio tendría una participación minoritaria del 45%.
“Pretenden crear una empresa de economía mixta donde las decisiones se rijan por el derecho privado y donde la Alcaldía no tendría el control mayoritario. Eso, en la práctica, es una privatización”, sostuvo Salas.
El concejal también cuestionó la legalidad del proyecto al señalar que no cuenta con estudios técnicos suficientes, carece de claridad sobre el objeto social de la futura empresa y presenta inconsistencias en materia fiscal y administrativa.
Según explicó, el proyecto fue debatido en una comisión que, a su juicio, no cumplió con varios procedimientos reglamentarios. Además, aseguró que cinco concejales solicitaron su archivo, petición que no fue atendida por la comisión encargada de estudiarlo.
Salas advirtió que existen antecedentes en otras ciudades del país donde modelos similares terminaron favoreciendo a operadores privados en detrimento de las finanzas públicas. Por ello, hizo un llamado a la Administración Municipal para que explore alternativas que fortalezcan la Secretaría de Movilidad sin entregar la operación a terceros.
La polémica escaló aún más cuando el cabildante denunció que durante la sesión de comisión se habrían presentado agresiones contra líderes comunitarios y restricciones para el ingreso de ciudadanos interesados en participar del debate. Asimismo, reveló que recibió llamadas amenazantes después de expresar su oposición al proyecto.
“Ya puse estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de control. No podemos permitir que quienes defendemos los recursos públicos seamos objeto de intimidaciones”, afirmó.
Ante la situación, el concejal informó que remitió comunicaciones a la Procuraduría, Contraloría, Personería y demás entidades competentes para que revisen tanto el trámite del proyecto como las denuncias relacionadas con presuntas presiones e irregularidades ocurridas durante las discusiones.
