La entidad adelanta una verificación sobre convenios suscritos con el INPEC y las acciones implementadas para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
La Procuraduría General de la Nación requirió a las alcaldías municipales del Tolima un informe detallado sobre los convenios celebrados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los recursos destinados a la atención penitenciaria y carcelaria durante 2026: alimentación, salud, infraestructura y demás garantías básicas para esta población.
La actuación preventiva se originó tras evidenciar que varios municipios no entregaron o reportaron de manera incompleta la información solicitada durante el Primer Comité de Seguimiento Penitenciario Departamental Ampliado, lo cual impide hacer un seguimiento efectivo a las responsabilidades de las entidades territoriales.
En el requerimiento, la Entidad recordó que los convenios interadministrativos con el INPEC son fundamentales para garantizar el traslado oportuno de las ppl desde las estaciones de policía y los centros transitorios hacia los establecimientos penitenciarios, evitando riesgos de vulneración de derechos fundamentales.
La Procuraduría Regional de Instrucción Tolima exhortó a las administraciones municipales a fortalecer la articulación con el INPEC y la Gobernación del Tolima, así como a cumplir las directrices y órdenes judiciales relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario del país.
