Debido al caso del joven Jefferson, quien falleció en la Estación de Policía de El Salado, donde no estaba en calidad de capturado, sería para proteger al ciudadano y operado por personal administrativo.
El presidente del Concejo de Ibagué, Arturo Castillo, reiteró la implementación y necesidad de implementar los centros de traslado por protección en la ciudad, donde, según el cabildante, serán una garantías en casos como el ocurrido el domingo 6 de octubre en la Estación de El Salado, donde falleció el joven Jefferson Esteven Baquero Romero.
Destacó Castillo que así se dará cumplimiento a la Ley 1808 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para darse este cumplimiento, pues estos centros no serían manejamos por la Policía Nacional, sino por personal que pertenece a la Administración Municipal, que están rodeados de profesionales, de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, incluso médicos.
“Para poder atender a los ciudadanos que cumplan con la normatividad para poder estar allí, entre ellos grave exaltación, entre ellos que se encuentren inmersos en una riña, en estado de embriaguez, en estado o hayan consumido sustancias psicoactivas, eso es lo que requiere la norma”, dijo el Presidente del Concejo.
Enfatizó que es importante llevar allí a los ciudadanos que no han cometido actos penales o que estén tipificados como delito, ni en las Estaciones de Policía, ni en CAI.
“Eso es lo que prevé la norma, proteger también la institucionalidad, que la policía no se vea inmersa en estos escándalos que han sucedido lamentablemente el domingo y también para garantizar, las no violaciónes de los derechos humanos de los ciudadanos, una buena atención con expertos, con profesionales y también de que estén rodeados de seguridad”, dijo.
Añadió: “Estos centros de traslado por protección pueden tener cámaras de seguridad que puedan vigilar, que puedan saber cuándo un ciudadano va a atentar contra su propia vida”.
Precisó el concejal que con estos centros se evitarían casos como el ocurrido en la Estación de Policía de El Salado, se garantiza la seguridad jurídica de la Policía y que se solucione en los próximos meses, con la apropiación de recursos.
“Desafortunadamente, a pesar de que la ley lo estableció en el 2021, el Gobierno Nacional también puede ayudar, cofinanciar estas obras, que es una obra que es muy costosa, pero que va a garantizar la vida, la integridad, la seguridad de los policías y también de los ciudadanos”, aseguró Castillo.
Por último, indicó que, “es muy fácil salir a criticar a las instituciones sin conocer a fondo qué es lo que está pasando o qué es lo que sucede dentro de una Estación de Policía o dentro de una cárcel o dentro de una permanente central, entonces por eso es importante tener un sitio adecuado que cumpla con la normatividad y que le garantice la seguridad jurídica pero también garantice una excelente prestación de servicios y la no violación de los derechos humanos de nuestros ciudadanos”.
