Según el informe, estructuras del denominado Nuevo Estado Mayor Central estarían ejerciendo control territorial e imponiendo restricciones a la población civil en municipios que coinciden con la Citrep 15.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el Tolima tras identificar un escenario de alto riesgo para las elecciones de 2026, especialmente en la zona sur del departamento, donde se evidencia un fortalecimiento de la gobernanza armada ilegal de facciones disidentes de las extintas Farc.
Según el informe, estructuras del denominado Nuevo Estado Mayor Central estarían ejerciendo control territorial e imponiendo restricciones a la población civil en municipios que coinciden con la Citrep 15.
En zona rural de Rioblanco, integrantes del Frente Ismael Ruiz habrían convocado a la comunidad para prohibir explícitamente la participación en actividades proselitistas y cualquier respaldo a campañas políticas.
En Chaparral, particularmente en los corregimientos La Marina y El Limón, el Frente Jerónimo Galeano habría restringido el ingreso de candidatos a estas zonas veredales, impidiendo el desarrollo normal de actividades de campaña.
La situación también genera preocupación en Ataco y Chaparral por un incremento inusual en la inscripción de cédulas lo que podría indicar intentos de influir en el censo electoral.
La Defensoría documentó amenazas contra aspirantes a la Cámara, Senado y Citrep. En Chaparral, un candidato a la curul de paz habría sido intimidado por el Frente Jerónimo Galeano, mientras que en el sector La Herrera, en Rioblanco, hombres armados hostigaron un equipo de campaña, desmontaron publicidad y realizaron disparos de advertencia.
También se registró una amenaza por redes sociales contra un representante a la Cámara por el Tolima, presuntamente atribuida al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.
El informe revela además información sobre un posible plan para atentar contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en represalia por operaciones militares en la región. A esto se suma el antecedente del asesinato, en noviembre de 2025 en Chaparral, de Julián Arenas, dirigente del partido UP y excandidato al Concejo.
La Defensoría estableció tres niveles de acción en municipios en alerta:
- Acción urgente: Ibagué, Ataco, Chaparral, Coyaima, Honda, Planadas y Rioblanco.
- Acción prioritaria: Alpujarra, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Dolores, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Icononzo, Lérida, San Sebastián de Mariquita, Melgar, Natagaima, Ortega, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel y Venadillo.
- Acción ordinaria: Alvarado, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca, Coello, Cunday, Falan, Herveo, Líbano, Murillo, Palocabildo, Piedras, Purificación, Saldaña, San Luis, Suárez, Valle de San Juan, Villahermosa y Villarrica.
