La entidad también anunció que realiza vigilancia especial al contrato de ejecución de la obra.
Por presuntos actos de corrupción en la contratación de la interventoría de las obras del puente elevado sobre la carrera 5.ª e interconexiones, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la Secretaría de Infraestructura, adscrita a la Alcaldía Municipal de Ibagué.
El ente de control indaga si el “Consorcio Conexión Vial 60” adjudicatario del bilateral estaría inhabilitado, toda vez que algunos señalamientos dan cuenta que uno de los integrantes del proponente plural, Top Suelos Ingeniería SAS, recaería una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años, a partir del 20 de enero de 2023.
De acuerdo con las denuncias, habría un posible conflicto de interés, por cuanto el representante legal del consorcio seleccionado sería primo del gerente de proyectos especiales de la administración municipal, Carlos José Corral Albarello, que sería uno de los hombres más cercanos al alcalde Andrés Hurtado.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de identificar e individualizar al posible autor o autores de las faltas disciplinarias, así como la ocurrencia de los hechos.
Vigilancia preventiva al contrato para la ejecución de la fase I
Como garante del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, la Procuraduría también adelanta vigilancia preventiva a cada una de las etapas del contrato suscrito para realizar las obras en la fase I del puente elevado sobre la carrera 5.a con calle 60 e interconexiones, para lo cual requirió información al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y a la secretaria de Infraestructura, Sharon Dayana Guzmán González.
El ente de control evidenció inconformidades frente a la ejecución contractual plasmada en algunas quejas y peticiones ciudadanas presentadas ante esta Entidad.
Los ibaguereños han manifestado inconformidad por el desconocimiento del impacto de esta obra en la movilidad, el comercio y las viviendas ubicadas en el sector; por las modificaciones a los diseños durante las etapas preparatoria y precontractual, sin aparente actualización del presupuesto; y por la posible omisión de la administración municipal en solicitar autorización de la Junta Administradora Local, entre otras.
