La operación de desalojo contra la minería ilegal en Puente Amarillo dejó como resultado la salida de estas personas que se encontraban realizando extracción ilegal de oro en los ríos Saldaña y Amoyá.
Más de 1.000 personas que se encontraban realizando actividades de extracción ilegal de oro en las riberas de los ríos Saldaña y Amoyá, en jurisdicción de Ataco, abandonaron el territorio tras el operativo de desalojo adelantado en el sector de Puente Amarillo. Así lo confirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien destacó el resultado de la intervención y reveló que los ocupantes fueron trasladados en buses hacia Cali y Medellín.
De acuerdo con la mandataria, cerca de 500 personas salieron entre el domingo y el martes, mientras que otras 500 abandonaron la zona durante la jornada del operativo. Para facilitar su salida, las autoridades dispusieron transporte hacia diferentes ciudades del país.
“Entre el domingo más o menos y el martes salieron casi 500 personas del municipio de Ataco y ayer salieron, ayer solamente ayer salieron otras 500 personas en los buses que nosotros pusimos. Salían para Cali, para Medellín”, manifestó Matiz.
La operación contó con más de 750 integrantes de la Policía y el Ejército, además de 250 funcionarios de entidades públicas. Durante la intervención se desmontaron cambuches, se retiraron las conexiones eléctricas instaladas en el lugar y se avanzó en la recuperación del territorio afectado por la explotación minera ilegal.
Sin embargo, el procedimiento estuvo marcado por amenazas e intimidaciones. La gobernadora denunció el lanzamiento de artefactos explosivos contra la estación de Policía y contra integrantes de la institución, algunos de los cuales tuvieron que recibir atención médica en Ibagué.
“Trataron de intimidarnos y nos lanzaron unos artefactos explosivos en la estación de Policía. Por la noche también a unos integrantes de la Policía Nacional que los tenemos hoy en el hospital en Ibagué”, señaló la gobernadora.
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el impacto ambiental ocasionado por la explotación ilegal de oro. Matiz lamentó las condiciones en las que quedaron las riberas y el cauce del río Saldaña, y advirtió que los daños ocasionados a este afluente son de enormes proporciones.
“El daño que se le ha causado al río Saldaña es impresionante. Ese daño no tiene valor, o sea, un valor incalculable”, expresó la mandataria.
Finalmente, la gobernadora advirtió que, pese a la salida de más de 1.000 personas, la problemática de la minería ilegal todavía no está superada y que detrás de estas economías ilegales existirían grupos armados interesados en mantener el control de la actividad.
