La justicia encontró responsabilidad del municipio en la tragedia de 2020 que estremeció al norte del Tolima. La explosión de tres polvorerías dejó cuatro personas muertas y 17 heridas; ahora la administración deberá responder económicamente por la omisión en sus labores de control.
El Tribunal Administrativo condenó en primera instancia al municipio de Líbano a pagar cerca de $877 millones por su responsabilidad en la tragedia ocurrida en 2020, cuando la explosión de tres polvorerías dejó cuatro personas muertas y 17 heridas.
La decisión judicial representa un duro golpe para la administración municipal y un llamado de atención sobre la responsabilidad de las autoridades frente al control de actividades peligrosas.
Según explicó el abogado Jaime Parra, el municipio fue condenado a pagar 425 salarios mínimos legales mensuales, más de $132 millones, correspondientes al 50 % de la condena.
El fallo señala una omisión en los deberes de vigilancia e inspección sobre la actividad pirotécnica. El otro 50 % de la responsabilidad fue atribuido al propietario de la polvorería, quien falleció, por lo que esa parte de la condena no tendría efectos prácticos.
Parra aseguró que el establecimiento conocido como ‘El Relámpago’ tenía antecedentes de explosiones y que, según su versión, las autoridades habían sido advertidas previamente sobre el peligro. Incluso afirmó que en el lugar funcionaban tres polvorerías y que se habrían presentado irregularidades relacionadas con menores de edad y documentación.
El abogado también cuestionó que los funcionarios responsables difícilmente terminen respondiendo con su patrimonio mediante acciones de repetición.
“Los ciudadanos terminan pagando con sus impuestos las consecuencias de las omisiones de los funcionarios”, sostuvo Parra, al advertir que los recursos destinados a indemnizaciones terminan afectando la capacidad de inversión de los municipios.
La sentencia es de primera instancia y puede ser objeto de recursos. Entretanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa la vigilancia de establecimientos que manejan pólvora y la responsabilidad de las autoridades locales frente a hechos que pueden poner en riesgo la vida de la comunidad.
