Tras lo acontecido durante esta semana en materia de orden público: el bloqueo en las vías del Tolima producto del paro arrocero, sumado al cierre de algunas vías en la capital musical por los cobros en el parqueadero del parque deportivo a la comunidad deportiva, es innegable no hacer un ejercicio reflexivo y establecer un cuadro comparativo de gobernabilidad de quienes estuvieron y están al frente de las decisiones contractuales para invertir en el municipio y el departamento.
Tras la denuncia realizada por la Voz del Pueblo 920 AM sobre el contrato firmado el pasado 30 de mayo por el Imdri Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, con acta de inicio el 4 de junio de 2025, cuyo finalidad era la administración, modernizaciódn y operación de los parqueaderos del Parque Deportivo de Ibagué y de la Unidad Deportiva de la calle 42 por un término de once años, provocando la movilización y bloqueos por parte de los padres de familia, deportistas y entrenadores.
Esto, a su vez, fue sometido a varias mesas de concertación y diálogo hasta que finalmente la alcaldesa Johana Aranda en compañía del equipo jurídico, dio por liquidado de forma bilateral el polémico contrato. No obstante, en el ejercicio periodístico para la construcción de esta nota surgieron varias preguntas: ¿quién dio la orden para el contrato de Temporal Parking A&S?. ¿Quién es Diana Camila Troncoso Álvarez? Quien, según los registros, ha firmado contratos con varias entidades de la Alcaldía de Ibagué desde 2024 por más de $1.552 millones. Uno de esos contratos, también con el IMDRI, le fue adjudicado para la venta por peso de chatarra (material ferroso) por $300 millones, con una duración de dos meses.
“Si en la alcaldía llueve, en la gobernación no escampa” Podría parecer una frase de cajón, pero también permite trazar un interrogante con relación a las concesiones y su efecto en el presupuesto público, algo que aparentemente uniera a los exmandatarios Andres Hurtado y Ricardo Orozco, este último en calidad de exgobernador del Tolima en el periodo 2020-2023, denunciado ante la Fiscalía General por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social.
Según el director jurídico del ministerio, a través de un documento de 6 páginas con fecha de radicación 2402-2025 enunció: “el contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura bajo la premisa de vulneración de un requisito de la esencia para efectos de la celebración del negocio contractual. Así, conforme al relato fáctico, cabe preguntarse si la vulneración del principio de transparencia, materializado en la selección objetiva del contratista, es un incumplimiento a los requisitos esenciales dentro del trámite contractual. Pues bien, lo primero que cabe acotar es que los principios generales sí encuadran dentro de la estructura esencial de los negocios jurídicos celebrados por las entidades estatales, pues los mismos tienen la aptitud de ser materializables”. (…)
El documento emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social también hace mención a los contratos celebrados por la familia Serna Ramírez: “Interés indebido en la celebración de contratos el tipo penal traído a colación es definido por el Código Penal de la siguiente forma: Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses (…) Es así que un ingrediente subjetivo del delito es el provecho de un tercero, situación que aquí se encuentra desprendida a consecuencia del no cumplimento del principio de selección objetiva, puesto que presuntamente el exgobernador OROZCO VALERO tuvo interés en favorecer a la familia SERNA RAMÍREZ” señala la misiva elevada a las autoridades competentes.
Asi pues, tanto el ex alcalde Andrés Hurtado y el ex gobernador Ricardo Orozco pareciera que sus ideologías políticas los mantuvieras distanciados en la área política y la opinión pública, pero sus decisiones administrativas y presupuestales los uniera en secreto, ¿se avecinan movilizaciones sociales en defensa de la salud pública para los hospitales de Chaparral, Lérida y Honda?
