La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, anunció nuevas medidas para fortalecer la lucha contra la minería ilegal en el sur del Tolima, entre ellas la obligación de reportar previamente el transporte y movilización de maquinaria amarilla en municipios como Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. La corporación advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones para los titulares de licencias ambientales.
La lucha contra la minería ilegal en el sur del Tolima entra en una nueva etapa. La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, anunció la implementación de medidas más estrictas para fortalecer el control sobre las actividades extractivas y evitar afectaciones ambientales derivadas de la explotación ilegal de oro.
La funcionaria explicó que la Corporación viene desarrollando acciones conjuntas con la Gobernación del Tolima, alcaldías municipales, la Policía Nacional y entidades del orden nacional, en el marco de múltiples operativos realizados recientemente en municipios con presencia de actividad minera.
Como parte de esta estrategia, Cortolima expidió el pasado 28 de mayo una resolución que establece medidas de articulación institucional para el control y seguimiento de maquinaria, equipos y elementos utilizados en actividades mineras en los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.
La disposición obliga a los titulares de licencias ambientales, planes de manejo y demás instrumentos de control ambiental a informar previamente a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y a la Secretaría de Tránsito del Tolima sobre la movilización de maquinaria amarilla, bulldozers, motoniveladoras, cargadores y otros equipos empleados en actividades mineras autorizadas.
Según Alfonso, esta información hará parte de los procesos de seguimiento que adelanta la autoridad ambiental y su incumplimiento podrá dar lugar a investigaciones y sanciones administrativas.
“La actividad minera en Colombia está absolutamente reglamentada. Quien cuenta con una licencia ambiental, un plan de manejo o los permisos correspondientes puede desarrollar la actividad dentro de la legalidad”, señaló la directora.
La funcionaria también aclaró que es necesario diferenciar entre la minería legal y la minería ilegal, asegurando que los titulares de licencias son objeto de vigilancia permanente por parte de la Corporación y deben cumplir estrictamente con las obligaciones ambientales establecidas.
“Los licenciados no realizan actividades de minería ilegal. Otra cosa son las actividades clandestinas que operan sin permisos ni instrumentos de planificación ambiental, y son precisamente estas las que generan las mayores afectaciones y sobre las cuales se concentran los esfuerzos de control”, puntualizó.
