Héctor Fabio Muñoz Briñez, manifestó que, pese a decretos y consejos de seguridad, la extracción ilegal de oro volvió con fuerza al territorio. El viceministro de Defensa y director de Carabineros desmienten al mandatario con las acciones integrales.
La radiografía que entregó en la comisión sexta de la Cámara de Representantes el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, en relación a la extracción ilegal de oro es preocupante. Señaló que, entre su municipio, sumando a Chaparral y Rioblanco, podrían estar operando entre 400 y 500 máquinas dedicadas a esta actividad ilícita, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que, lejos de disminuir, se ha expandido.
Desde el 31 de julio de 2025, la administración municipal expidió un decreto para prohibir el ingreso de maquinaria amarilla. Sin embargo, la medida ha resultado insuficiente: “Han buscado trochas, rutas alternas y otras formas de ingresar”, explicó el Muñoz Briñez, dejando en evidencia la capacidad de adaptación de las estructuras ilegales y la falta de apoyo de la Fuerza Pública.
Aunque los consejos de seguridad realizados con presencia de autoridades departamentales, Cortolima e incluso el Ministerio de Defensa generaron una reacción, el efecto fue “temporal”.
“Solamente han hecho un operativo y no han vuelto a hacer más”, denunció el burgomaestre, quien aseguró que la falta de continuidad en las acciones permitió el regreso progresivo de la actividad ilegal.
Hoy, el problema ya no se concentra únicamente en Ataco, relató que la minería ilegal se ha extendido a ríos y zonas de Chaparral, alcanzando afluentes como el Saldaña, Atá, la quebrada Pole y sectores como Tuluní, ampliando el daño ambiental y la presión sobre los ecosistemas.
Situación contraria reveló el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero, quien mostró en el recinto un balance del incremento significativo en las acciones contra la minería ilegal durante 2026.
“En solo tres meses, las autoridades han realizado 18 intervenciones, frente a 12 en todo el año pasado. Las capturas también reflejan esta tendencia, con 18 en el primer trimestre frente a 40 en 2025. Uno de los avances más notorios es la destrucción de maquinaria, un total de 20 equipos ilegales desmantelados en lo corrido del año, comparados con apenas cuatro en el periodo anterior”, precisó Baquero.
Siguiendo por esta misma línea, el director de Carabineros, brigadier general Carlos Germán Oviedo, que ya se tienen identificados 22 puntos de extracción ilícita que estarían generando graves impactos ambientales, económicos y de seguridad en Ataco, Chaparral y Coyaima.
“Cada uno de estos enclaves producen cerca de 600 gramos de oro semanales, afectando gravemente fuentes hídricas como los ríos Amoyá, Atá y Saldaña, además de varias quebradas. A esto se suma la presencia del frente Ismael Ruiz del Estado Mayor Central, que tendría alrededor de 220 hombres controlando la zona y cobrando hasta el 10% del oro extraído, además de millonarias cuotas por el ingreso de maquinaria”, resaltó el director.
