Amenazas de las Disidencias FARC Marcan la Gestión de Adriana Matiz en el Tolima
En un país donde la violencia política sigue siendo una herida abierta, la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, se ha convertido en el más reciente símbolo de la lucha del Estado contra los grupos armados ilegales. Su gestión, marcada por una ofensiva frontal contra las disidencias de las FARC, ha traído consigo una serie de amenazas de muerte que han puesto en alerta a la región y han reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en Colombia.
El Origen de las Amenazas: Una Lucha Frontal contra el Crimen
Las intimidaciones contra la gobernadora no son nuevas, pero se han intensificado en los últimos meses. La más reciente, revelada a finales de octubre de 2025 por la Fiscalía General de la Nación, da cuenta de un presunto plan para atentar contra su vida, orquestado por Alexánder Díaz Mendoza, alias «Calarcá», líder del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC (EMBF).
Según las investigaciones, el plan estaría a cargo del frente «Joaquín González», una de las estructuras de «Calarcá» con presencia en el sur del Tolima. La razón detrás de estas amenazas parece ser la contundente respuesta de la Gobernación a las actividades ilícitas de estos grupos. En lo que va del año, se han realizado más de 200 operaciones militares en coordinación con el Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial, de las cuales 31 han sido dirigidas específicamente contra las disidencias.
Estos operativos han resultado en la neutralización y captura de varios cabecillas, afectando significativamente las finanzas y el control territorial de los grupos armados. Entre los golpes más importantes se cuenta la captura de José Israel Robayo Vélez, alias «Arley» o «El Paisa», segundo al mando y jefe financiero del frente «Joaquín González», quien recaudaba cerca de 800 millones de pesos mensuales a través de extorsiones a comerciantes, agricultores y transportadores en municipios como San Antonio, Roncesvalles y Rovira.
«A los Bandidos no se les Corre, se les Enfrenta»: La Postura de la Gobernadora
Ante la gravedad de las amenazas, la gobernadora Matiz ha mantenido una postura firme y desafiante. En declaraciones públicas, ha asegurado que no se dejará intimidar y que continuará con su estrategia de seguridad. «No podemos subestimar por supuesto ninguna de las amenazas que nos han realizado, pero tampoco se puede gobernar con temor», afirmó la mandataria.
«Confío plenamente en nuestras autoridades, en la Policía y en el Ejército Nacional. A los bandidos no se les corre, se les enfrenta, y eso es lo que estamos haciendo», ha reiterado la gobernadora en diversas ocasiones.
Sin embargo, esta lucha no ha estado exenta de dificultades. La propia gobernadora ha denunciado la insuficiencia del esquema de protección que le ha sido asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según sus declaraciones, su esquema se limita a un solo agente de protección y un vehículo blindado, cuyo costo debe ser asumido por el gobierno departamental.
«Pedimos una revisión urgente de los esquemas de protección. No puede ser que una gobernadora que enfrenta de frente a las disidencias solo cuente con un escolta y un vehículo blindado que debe pagar su propio departamento», enfatizó Matiz.
Un Respaldo Institucional y Gremial Contundente
Las amenazas contra la gobernadora han generado una ola de solidaridad y respaldo por parte de diversos sectores del Tolima y del país. Gremios como la Cámara de Comercio de Ibagué, Fenalco Tolima y la Universidad del Tolima han rechazado enfáticamente las intimidaciones y han destacado el liderazgo y la gestión de la mandataria.
«Su liderazgo ha logrado cohesionar en propósito hacia un departamento próspero y seguro», afirmó Carlos Hernando Enciso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.
El Consejo Gremial Nacional también se ha pronunciado, condenando las amenazas contra alcaldes y gobernadores en todo el país y haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de los mandatarios locales.
El Panorama de la Violencia contra Funcionarios Públicos
El caso de la gobernadora Matiz no es un hecho aislado. La violencia contra funcionarios públicos es una problemática persistente en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025, servidores públicos en 17 departamentos han tenido que desplazarse debido a amenazas de grupos armados.
La situación de la gobernadora del Tolima pone de manifiesto los enormes riesgos que enfrentan los líderes regionales que se atreven a desafiar a las estructuras criminales. Su lucha, aunque solitaria en apariencia, cuenta con el respaldo de la institucionalidad y de la sociedad civil, que ven en su gestión una esperanza para la consolidación de la paz y la seguridad en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
El desafío para el Estado colombiano es garantizar que la valentía de funcionarios como Adriana Magaly Matiz no se convierta en un riesgo mortal, y que la protección de quienes defienden la legalidad sea una prioridad nacional.
Por: Hernando Ortiz A.
