Una nueva polémica afecta al Gobierno Nacional tras revelarse que un grupo de influenciadores cercanos a la Casa de Nariño abordó un avión oficial de la Policía Nacional para asistir al cabildo abierto convocado por el presidente Gustavo Petro en Barranquilla. La noticia ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en la gestión gubernamental.
La controversia surgió luego de que el exembajador en México, Moisés Ninco Daza, publicara una imagen en la que se observa a varios creadores de contenido en la aeronave oficial. Muchos de estos influenciadores mantienen contratos con diferentes entidades del Estado, lo que ha avivado las críticas sobre la utilización de recursos públicos para actividades de carácter privado o de interés particular.
Según informó la revista Semana, la Policía Nacional explicó que el viaje se realizó bajo un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior, que fue quien solicitó el traslado. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada, dado que el uso de aeronaves oficiales suele estar sometido a estrictos controles y requisitos, incluso cuando son destinadas a personal uniformado.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, reveló que el convenio entre el Ministerio del Interior y la Policía tiene un costo total de 7 mil millones de pesos. Además, indicó que en marzo pasado se habrían pagado aproximadamente 660 millones de pesos solo por el uso de aeronaves oficiales, en un contexto de crisis fiscal y restricciones presupuestales.
El presidente Gustavo Petro salió al paso de las críticas, defendiendo la utilización de las aeronaves oficiales. En respuesta a un comentario de la periodista Luz María Sierra, Petro afirmó: “Nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos, sino periodistas. A los primeros no les causa a usted extrañeza, a los segundos sí”.
La publicación de estas imágenes y las declaraciones oficiales han reavivado el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y el uso de medios oficiales para actividades privadas o de promoción personal por parte de funcionarios y cercanos al Gobierno.
