La Fiscalía le atribuye 18 hechos presuntamente irregulares y le imputó delitos de prevaricato por acción agravado, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación apunta a decisiones judiciales adoptadas en 2010 que afectaron a varios ciudadanos, entre ellos Carlos José Alvarado.
Un nuevo capítulo judicial sacude uno de los casos más controversiales relacionados con la administración de justicia. La exfiscal especializada Yolanda Sepúlveda Lozano fue imputada por presuntas actuaciones irregulares que habrían derivado en órdenes de captura y medidas judiciales contra varios ciudadanos, entre ellos Carlos José Alvarado, propietario de Mercacentro.
La diligencia se realizó ante el Juzgado 80 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, por solicitud de la Fiscalía 66 Seccional, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, Regional 5. Según lo expuesto por el ente acusador, son 18 hechos en los que presuntamente se habría apartado de sus deberes legales cuando se desempeñaba como fiscal 35 especializada en Bogotá.
Los hechos investigados se remontan al 23 de marzo de 2010, fecha en la que Sepúlveda habría ordenado la captura de 11 personas, entre ellas Carlos José Alvarado, Gerardo Alvarado, Jaime Alvarado y Benigno Ortiz. La Fiscalía sostiene que las decisiones adoptadas en ese momento no habrían contado con el respaldo probatorio suficiente para justificar las medidas judiciales.
De acuerdo con la hipótesis presentada por el ente investigador, los informes de un comité interinstitucional y las versiones atribuidas a personas desmovilizadas de las FARC no habrían ofrecido sustento probatorio ni permitido establecer de manera suficiente las conductas de testaferrato, lavado de activos, secuestro y extorsión que habrían servido de fundamento para las actuaciones judiciales.
Pero la investigación no se limitaría a las capturas. La Fiscalía también señaló un presunto interés indebido relacionado con bienes administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes y con la posibilidad de que la empresa Casa Motor accediera a determinados activos o contratos de arrendamiento en condiciones favorables, situación que, según la acusación, habría ocasionado un detrimento patrimonial.
Por estos hechos, la exfuncionaria fue imputada por los presuntos delitos de prevaricato por acción agravado, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Ahora, las conductas atribuidas deberán ser examinadas dentro del proceso judicial correspondiente.
