La ofensiva contra el contrabando de licor en el Tolima volvió a sentirse con fuerza. Así lo relató Mauricio Afanador Trujillo, coordinador del Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima, tras una doble jornada de control que dejó cierres, aprehensiones y una nueva alerta sobre el impacto económico de esta práctica ilegal.
Según explicó, los operativos se concentraron en la comuna 7 de Ibagué y se extendieron a los municipios de Purificación y Prado, donde el equipo desplegó acciones de inspección en bares, gastrobares y establecimientos dedicados a la venta de licor.
“Visitamos estos puntos estratégicos del departamento y logramos la aprehensión de más de 100 unidades, encontrando nuevamente licor adulterado”, señaló Afanador, al advertir que este fenómeno no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que afecta directamente las rentas del departamento.
El funcionario enfatizó que, además de las incautaciones, se adelantaron jornadas de sensibilización dirigidas a comerciantes, buscando frenar la comercialización de productos ilegales que evaden impuestos y debilitan la economía formal.
Sin embargo, el golpe más contundente fue el cierre de tres establecimientos: dos en Ibagué y uno en Prado, tras evidenciarse la presunta comercialización de licor adulterado o con estampillas falsas. “En conjunto con la Policía Nacional logramos estos cierres como resultado de las visitas de control”, precisó.
Las medidas fueron adoptadas en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en una acción articulada entre la Policía Metropolitana de Ibagué, el Departamento de Policía Tolima, la Gobernación del Tolima y la Federación Nacional de Departamentos.
Afanador fue enfático en que estos operativos continuarán en todo el territorio. La advertencia es directa: el contrabando no solo será perseguido, sino que tendrá consecuencias inmediatas. “Seguimos trabajando por el departamento, intensificando controles y protegiendo la legalidad en cada establecimiento comercial”, concluyó.
La estrategia busca frenar un mercado ilegal que cada año le cuesta millonarios recursos al Tolima, recursos que deberían destinarse a salud, educación y desarrollo social.
